Agapito García, el mayor moroso de España, se enfrenta a cuatro años de prisión este jueves

La Audiencia Provincial de Madrid juzga el próximo jueves al empresario Agapito García Sánchez, quien figura en el primer puesto de la lista de morosos de Hacienda y que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión por un fraude de un millón y medio de euros en 2009.

Según los datos aportados por la Agencia Tributaria en su lista de morosos el 31 de diciembre de 2018, Agapito García Sánchez era la persona que más debía al erario público en España con un total de 15.978.413,29 euros.

El empresario está acusado de un delito contra la Hacienda Pública por defraudar 1.583.182,41 euros en concepto de IRPF en 2009 y será juzgado el jueves por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid después de que se aplazara el juicio, que iba a tener lugar inicialmente el 29 de noviembre de 2018, debido a que la Administración no presentó un informe que había solicitado la defensa.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que se le imponga una multa de 4.749.547,23 euros (el triple de lo defraudado) y que indemnice al erario público con millón y medio de euros en concepto de responsabilidad civil.

Agapito García declarando

En su escrito, el Ministerio Público sostiene que el acusado actuó"con la finalidad de aminorar sustancialmente la cantidad a ingresar al Erario Público en concepto de IRPF", y describe el presunto fraude en varios apartados.

El primero alude a la venta el 7 de abril de 2009 de 359.999 acciones de la sociedad Inversiones Intermarkets Sicav por un importe de 4.112.078,88 euros, con lo que registró un incremento patrimonial de 512.083,88 euros. Estas acciones eran propiedad de Agapito García, ya que él mismo las había transmitido desde su sociedad PM-ADS en el momento en que se extinguió en 2007, según la Fiscalía.

La venta fue realizada por orden del empresario a la Agencia de Valores M&G, que a su vez la transmitió al Banco de Santander, que procedió ala venta y a la liquidación correspondiente, según el relato fiscal,que detalla que además, pocos días antes de la orden de venta, se realizaron nueve extracciones de efectivo de Banif firmadas por Agapito García por un total de 3.900.000 euros. Fue precisamente en dicha cuenta donde un día más tarde de la venta-el 8 de abril de 2009- se ingresaron 4.112.073.78 euros derivados dela acciones de la Sicav.

El segundo apartado del escrito de acusación se centra en un préstamo que percibió el acusado en 2009 de su sociedad Mirador de la Dehesa S.L.y que ascendía a 2.663.500 euros. El crédito fue cedido por Mirador de la Dehesa S.L. a Inver PM S.L.,de la que es socio único Agapito García y, según la Fiscalía, debió integrarse en la base imponible del IRPF.

El tercer motivo que recoge la acusación argumenta que mediante un contrato suscrito el 6 de noviembre de 2009 entre Agapito García y otro profesional, Juan Luis Rivero, se estableció que el acusado comenzara a percibir 15.000 euros mensuales desde el 1 de septiembre a través de cuatro sociedades de las que era accionista único. Y asegura que esos 60.000 euros debían ser imputados a la base imponible del IRPF de 2009.

Por último, la Fiscalía subraya que tres sociedades que en 2009 formaban parte del grupo en que Agapito García era accionista mayoritario (Mirador de la Dehesa, Inver PM y Valores Pirineos 2 S), realizaron una serie de cesiones de créditos compensados con deudas que estaban registradas en la cuenta "Desembolsos pendientes sobre acciones". En la práctica, según la Fiscalía, se produjo una condonación de deuda a Agapito García.

Cargos en 65 empresas

Agapito García Sánchez ha ocupado cargos en un total de 65 empresas de diversos sectores, aunque su principal actividad ha tenido que ver con el sector de la construcción, donde comenzó a crear su fortuna, y del sector financiero. Este controvertido magnate del ladrillo llegó a ocupar, además, cargos en 123 sociedades y actualmente sigue ostentando algunos en 53 de ellas.

En la década de los ochenta comenzó a construir su emporio a partir de cuatro compañías de materiales de hormigón y construcción que Hacienda comenzó a investigar. Una compañía británica, Steetley PLC, compró esos negocios por casi 23 millones de euros, pasando a formar parte después de su filial española Steetley Minerales, que presidía José Astorqui.

En la operación de venta, Hacienda detectó que el empresario habría intentado eludir impuestos y le reclamó una sanción de 20 millones de euros en 1990, fecha en la que empezó a acumular su gran deuda hasta convertirse en el mayor moroso del país.  Después de haber vendido las empresas constructoras, ha fundado y disuelto otras compañías también relacionadas con la construcción y el sector financiero.

Ahora, la Fiscalía le acusa de intentar pagar menos de lo que le correspondía a Hacienda por el IRPF de 2009, ocultando información sobre la venta de acciones de Intermarkets SICAV, que es una de sus sociedades con un incremento patrimonial de 512.083 euros. Supuestamente, también ocultó diversos ingresos en concepto de préstamos ficticios, ingresos derivados de la asistencia a sociedades y la condonación de una deuda.