Juicio sindicalismo extremeño: Líderes de UGT y CCOO podrían prisión

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en Extremadura cerraron el año en alto al firmar en víspera de Navidad una Declaración Institucional por el Diálogo Social con la Junta de Extremadura. 

El Ejecutivo de María Guardiola, siempre presto a lanzar guiños progresistas, decía que el pacto era  "la base e inicio para recorrer el camino juntos" y "colaborar en la construcción de una Extremadura mejor".

El acuerdo, decían desde el PP, "cumple con el objetivo de diálogo social que tiene la Junta de Extremadura", con el interés de "consensuar, colaborar y ir de la mano de sindicatos y patronal en la construcción de una Extremadura mejor para todos". 

Y UGT y Comisiones Obreras en Extremadura creyeron la palabra de los 'populares', que les prometieron que no iban a recortarles la asignación anual de los presupuestos autonómicos. Sin embargo, tienen otros problemas que implican a varios de sus dirigentes.

Sombras

La semana pasada la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito de acusación contra la cúpula directiva de CCOO en Extremadura, a la que solicita dos años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 500.000 euros. El caso afecta a UGT, y a las dos fundaciones de cursos de los sindicatos: FOREM Extremadura e IFES Extremadura, amén de a la Confederación Regional Empresarial Extremeña. 

Para CCOO y la Fundación FOREM pide que se les impida obtener subvenciones durante cuatro años y que se les imponga una multa de 700.000 euros a cada organización. La instrucción señala que ambas instituciones inflaban con gastos falsos la justificación de subvenciones con el fin de sufragar a sus organizaciones estatales, emulando así al escándalo de UGT en Andalucía. 

Estas irregularidades, que supuestamente sucedieron entre abril de 2012 y mayo de 2013, provocaron ingresos extra de 1.707.106,93 euros en el caso de CREEX, 400.133,27 euros en el supuesto de UGT Extremadura y 311.897,55 euros respecto a CCOO Extremadura.

Vox se venga

El acuerdo social enfadó a Vox, clave en la mayoría conservadora extremeña y clave en el diseño de la Junta de Extremadura de unos presupuestos que reflejan una caída de la asignación a sindicatos y patronal de más del 10%: de los 633.923 euros de 2022 se pasará a los 569.700 euros en 2024. 

UGT, Comisiones Obreras y la patronal extremeña reciben este golpe mientras el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz tiene previsto resolver las cuatro piezas separadas que investigan un supuesto fraude relacionado con los cursos de formación impartidos por las citadas organizaciones. 

Elecciones calientes

Ambos sindicatos se felicitaban porque se habían posicionado demasiado contra la mayoría conservadora que salió de las urnas de mayo y fructificó, tras enormes esfuerzos, varias semanas después. 

Pepe Álvarez, líder de UGT, calificó el acuerdo entre PP y Vox como "un retroceso de derechos muy importante en nuestro país", y Encarna Chacón, líder de CCOO Extremadura, lamentó la entrada de Vox en el Ejecutivo "por lo que significa de involución democrática", ya que  los de Abascal, según su opinión, "no creen en la Constitución y, además, están poniendo en riesgo los derechos conseguidos".

La sindicalista decía que "las políticas de Vox no son las políticas sociales y de dignidad de las personas que desde  CCOO defendemos, tales como los derechos del colectivo LGTBI+, la igualdad de las mujeres o el reconocimiento de la violencia de género".  

En el ojo del huracán

Ambos sindicatos se encuentran en el ojo del huracán por su postura cómplice ante el ERE de Telefónica que afectará a más de 3.400 trabajadores. CCOO, que ha sufrido tensiones internas a cuenta de su postura en Telefónica, priorizaba el nuevo convenio colectivo sobre los despidos: "Si se plantea una adecuación de plantilla, tal y como afirma la prensa, debería ir acompasada con la negociación colectiva, para garantizar las condiciones laborales y económicas de las personas trabajadoras que continuasen en activo por el máximo tiempo posible". 

El pasado 9 de noviembre CCOO simplemente decía que veía "necesario que Telefónica sea clara con su plantilla y le informe de sus intenciones: el convenio colectivo en vigor está próximo a su fin y si, como algún medio de comunicación ha sugerido, la empresa está dispuesta a plantear una adecuación de plantilla antes de final de año, el tiempo se echa encima y se debe abrir un proceso de negociación". 

Sin embargo, tan solo cuatro días después, el sindicato, a cuenta de un solo despido en Orange, decidió sacar un comunicado para informar de lo que aparentemente era un despido 'rutinario' de una trabajadora con menos de 2 años de antigüedad. 

"El pasado miércoles 8 de noviembre la empresa ejecutó el despido de una compañera de Orange OEV-Simyo Madrid, del edificio 7 de La Finca, que venía prestando sus servicios laborales en el área de B2C Jazztel y Simyo. La persona despedida no contaba con demasiada antigüedad en la empresa; había sido contratada en marzo de 2022 para trabajar dentro del canal Low Cost realizando tareas de carácter comercial como gestora de punto de venta", decían.