El Cierre Digital Polémica por medidas del Gobierno 2024: Subida del IVA y ayudas insuficientes.
La OCU aplaude políticas de reducción de impuestos en alimentos básicos y transportes, pero advierte merma de servicios
La última semana del 2023 trajo importantes novedades económicas que tendrán su efecto durante este 2024, algunas con más polémica que otras. El Ejecutivo aprobó un conjunto de medidas que buscan ir desactivando algunas de las tomadas excepcionalmente con motivo de la Covid-19 y del conflicto en Ucrania, con el fin de reducir el gasto público en respuesta a normativas fiscales europeas que entrarán en vigor en 2024. Otras pretenden apoyar a las personas que más lo necesitan y compensar otros parámetros negativos actuales como la inflación. Según apuntan expertos consultados por diversos medios de comunicación, la subida del IVA de la luz será la medida que más se note en los bolsillos de los españoles.
Tal y como se anunció hace escasas semanas, el Gobierno extenderá en el tiempo la reducción del IVA en el gas y la electricidad, que siendo del 21% se había reducido hasta el 5% durante la crisis energética. Ahora, el impuesto aumentará al 10% pero se mantendrá así durante todo el año, lo que resultará en un aumento en las facturas de los consumidores.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) expresó su apoyo a estas medidas, pero las considera insuficientes: “Desde OCU siempre hemos insistido en que es necesaria la rebaja del impuesto que grava este suministro de manera definitiva, no solo temporal. Aplaudimos las ayudas del bono social eléctrico, manteniéndose los descuentos (del 65% para el consumidor vulnerable y hasta 80% para vulnerable severo)”, expresa la organización en un comunicado.
En lo que respecta a la factura del gas, el impuesto será del 10% sólo hasta el 31 de marzo, cuando finaliza la temporada de invierno, y luego volverá al 21% habitual. Esta decisión se toma en un momento en que los precios de la electricidad y el gas en los mercados internacionales están más estables, después de alcanzar niveles récord tras el inicio de la guerra en Ucrania. Según apuntan algunos medios, varios estudios han demostrado que la reducción del IVA para la electricidad y el gas afecta por igual a todos los consumidores, sin importar su nivel de ingresos, lo que la hace regresiva.
El impuesto sobre la generación eléctrica, que se había suspendido durante dos años para hacer frente a los altos precios de la luz, volverá gradualmente, lo que también contribuirá a aumentar la factura. Antes de la crisis, este impuesto era del 7%; ahora, será del 3,5% en el primer trimestre y del 5,25% en el segundo, hasta volver a su nivel habitual a partir de julio, a menos que el Gobierno de Sánchez decida extender la medida.
Paralelamente, el impuesto especial sobre la electricidad, que se ha mantenido al mínimo establecido por Bruselas (0,5%) durante este tiempo, se incrementará gradualmente hasta alcanzar, previsiblemente, el 5,11% durante la segunda mitad del año. En el primer trimestre, será del 2,5%, y en el segundo, del 3,8%. Para la industria, se extenderá la reducción al 80% de los peajes eléctricos para las empresas "electrointensivas", así como la flexibilidad en los cambios de contratos de suministro eléctrico.
Se prorrogan los impuestos extraordinarios
Sin embargo, que el precio de la energía haya bajado no es suficiente para el Gobierno de Sánchez, que mantendrá los impuestos extraordinarios sobre la facturación de las empresas energéticas. Este impuesto, que originalmente se aplicaría durante los años 2022 y 2023, se extiende un año más con la intención de hacerlo permanente, según afirman algunas fuentes gubernamentales consultadas por medios de comunicación.
Este mecanismo, que premia los proyectos relacionados con la 'descarbonización' de la economía, busca ‘disipar’ las dudas planteadas por algunas empresas, como Repsol, sobre sus inversiones en España. El impuesto a la banca también se prorrogará por un año y será revisado posteriormente con la intención de convertirlo en permanente.
Como ya informó este medio el pasado mes de diciembre, Antonio Brufau, presidente de Repsol, declaró durante una jornada dedicada al hidrógeno que las inversiones en hidrógeno que planeaba en nuestro país —de unos 1.500 millones de euros— podrían recalar en Portugal o Francia si la compañía encuentra algún impuesto en España que no exista en los países vecinos. De esta manera, Brufau reiteró las 'amenazas' que ya lanzó el CEO de la energética, Josu Jon Imaz, y que fueron recogidas por este medio.
Por otra parte, tal y como se venía anunciando desde antes de diciembre, el Gobierno extenderá por seis meses más la exención del IVA en alimentos básicos como pan, leche, huevos y frutas, así como la reducción al 5% de este impuesto para el aceite y la pasta. Esta medida es menos regresiva que la del IVA aplicada a la electricidad y el gas, debido al mayor peso de estos gastos en el presupuesto de las familias más necesitadas, según expresó el Gobierno el mes pasado.
A pesar de que el Partido Popular y otros sectores interesados han estado solicitando que se amplíe la exención al IVA de la carne y el pescado, el Gobierno ha vuelto a ignorar esta petición. De igual manera, “OCU considera que el IVA del 0% debería aplicarse igualmente a la carne y al pescado para facilitar la adquisición de proteína de origen animal de calidad. Al tiempo que solicita un esfuerzo combinado a toda la cadena alimentaria para tratar de buscar soluciones que contribuyan a reducir los precios de los productos básicos”, subraya OCU en su comunicado, publicado al día siguiente de la aprobación de estas medidas.
Entre las prórrogas acordadas también se encuentran los contratos de relevo para la industria, que permiten a los empleados que se jubilan parcialmente ser reemplazados por un nuevo trabajador. Esta medida, que se prorrogará por un año más, está bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Social.
Subvenciones al transporte y ayudas bancarias a los mayores
Aunque en un principio hubo dudas, finalmente se mantienentodas las subvenciones al transporte público. Esto significa que los usuarios habituales de los trenes de cercanías, Rodalies, media distancia y las líneas estatales de autobús seguirán sin tener que pagar. Por otra parte, los trenes Avant también mantendrán sus descuentos. Además, el Gobierno extenderá la bonificación del 30% para los servicios prestados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, siempre y cuando ellos aporten otro 20%, hasta alcanzar al menos la mitad del coste.
Por su parte, “OCU considera interesantes estas ayudas pero solicita que se mejoren infraestructuras y que no suponga una merma en los servicios, especialmente en retrasos de Cercanías”, sostiene la organización en su comunicado.
En un principio, el Gobierno consideró las rebajas en el transporte público como una medida temporal para enfrentar la crisis inflacionaria. Sin embargo, el aumento en el número de usuarios y la necesidad de descarbonizar la economía la han convertido en una medida estructural que probablemente se mantendrá permanentemente.
Durante la crisis energética, se flexibilizaron los requisitos para que más familias pudieran beneficiarse de las ayudas, aunque con resultados limitados. También se aumentaron los descuentos en las facturas de luz, que seguirán oscilando entre el 65% y el 80%, dependiendo del grado de vulnerabilidad de los hogares. Además, se transferirá la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades autónomas de régimen común que lo soliciten. Actualmente, el País Vasco y Navarra ya se encargan de esta gestión, debido a su régimen fiscal propio.
Una de las pocas nuevas medidas adoptadas por el Gobierno —pues la mayoría ya estaban implementadas— es la eliminación de las comisiones bancarias por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad. En ese mismo ámbito, también se ampliará la eliminación de las comisiones o compensaciones bancarias por amortización anticipada de préstamos a tipo variable, que inicialmente caducaba el 31 de diciembre. Además, se aumentará el umbral de ingresos para poder acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, permitiendo que los hogares con una renta anual de hasta 38.000 euros puedan beneficiarse de ellas.
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