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Una sentencia clave del Supremo redefine las reglas del juego en el ámbito fiscal, según informa Hacienda
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que otorga a Hacienda la facultad de ajustar el valor declarado de un inmueble si la tasación oficial supera el precio de compraventa declarado. Esta resolución está fechada el 4 de diciembre y con la magistrada María de la Esperanza Córdoba como ponente. Supone un respaldo claro a la actuación de la Agencia Tributaria en estos casos.
El caso en cuestión surgió cuando una empresa adquirió un centro comercial por un valor de 19,8 millones de euros, publican desde El Economista. Cantidad que utilizó para calcular el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD). Sin embargo, el informe de tasación oficial reflejaba un valor de 21,8 millones de euros, lo que llevó a Hacienda a exigir el pago del impuesto conforme a esa tasación.
Una sentencia con implicaciones directas para los contribuyentes
La sentencia del Supremo avala la postura de Hacienda al ampararse en el artículo 57 de la Ley General Tributaria. Este permite a la Administración realizar comprobaciones del valor de los bienes sobre los que se aplican impuestos. Esto significa que, siempre que exista una diferencia relevante entre el valor declarado y el valor de tasación, Hacienda puede ajustar la base imponible.
El Tribunal aclara que la Agencia Tributaria no necesita una justificación específica para iniciar el procedimiento de comprobación. Esto si la discrepancia entre los valores es evidente. Esta decisión elimina la necesidad de que existan indicios de fraude o de ocultación para que se realice dicha comprobación.
La opción de tasación pericial contradictoria
Aunque el contribuyente no puede impugnar directamente la valoración realizada por Hacienda, sí tiene derecho a solicitar una tasación pericial contradictoria. Este mecanismo permite que un perito independiente evalúe el inmueble y determine si el ajuste fiscal es correcto.
Esta sentencia no solo aclara el marco legal en torno a las discrepancias de valoración entre el precio de compra y la tasación. También proporciona seguridad jurídica a la propia Agencia Tributaria. Elimina la necesidad de justificaciones adicionales por parte de Hacienda, se agilizan los procedimientos administrativos y se reducen las posibilidades de disputas prolongadas.
El fallo del Tribunal Supremo establece un precedente importante para futuros casos similares. Y refuerza el criterio de que las tasaciones oficiales son una herramienta válida para determinar la base imponible en los impuestos asociados a transmisiones patrimoniales.
Con esta decisión, Hacienda refuerza su capacidad de actuación en un ámbito fiscal clave. Mientras los contribuyentes deben estar preparados para afrontar posibles ajustes si el valor de tasación de sus inmuebles supera el precio declarado en la transacción.
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