El Gobierno no consigue rebajar la preocupación de los españoles por la vivienda

La vivienda se ha consolidado como la principal preocupación en España, según el último barómetro del CIS. Tanto es así que uno de cada cuatro encuestados considera que este problema está entre los tres más grandes que afronta el país en la actualidad. La inquietud es especialmente notable entre los jóvenes de los 18 a los 24 años, quienes, en muchos casos, independientemente de su sueldo o situación personal, ven prácticamente imposible acceder a un primer hogar digno y asequible.

El encarecimiento de la vivienda no afecta solo a las personas que buscan un alquiler o una hipoteca, sino que repercute en el resto de la sociedad de una forma que, en ocasiones, es difícil de cuantificar. Con esto, la productividad de las empresas españolas se puede ver afectada por la falta de movilidad laboral de personas (muchas de ellas, profesionales en sus primeros años) que rechazan empleos por el aumento de los precios en una ciudad o en un barrio. Otra de las consecuencias a las que debemos atender es al hecho de que los jóvenes retrasen cada vez más el momento en el que se independizan económicamente y, por tanto, acaban aplazando sus proyectos de vida. Las bajas tasas de natalidad y el estrés financiero no pueden ser las bases para construir una economía sólida y con futuro.

Ante esta realidad, urgen medidas que contribuyan a solucionar el problema y que mejoren la vida de los ciudadanos españoles, especialmente en las áreas urbanas y en otras regiones con alta demanda habitacional. Al analizar los datos de la encuesta se observa cómo en algunas ciudades la preocupación es aún mayor debido al contexto en el que viven. Madrid y Palma de Mallorca enfrentan desde hace años un problema con la escasa oferta existente, mientras que el negocio de los alquileres turísticos continúa creciendo. Según el CIS, en 2024 el número de pisos destinados a turistas creció un 16,5% respecto a 2023. Se trata de un desafío complejo que demanda soluciones eficaces y capacidad de legislar para acometer medidas estructurales. Estas reformas deberían ir desde la agilización de licencias deconstrucción y rehabilitación, hasta la movilización de suelo público y la ampliación de los avales para jóvenes. En definitiva, la solución para miles de españoles no pasa por la intervención estatal alocada, sino por la ampliación de la oferta.