Presentar cuentas que no reflejaban la salud económica de la empresa en 2015 y 2016 es una de las acusaciones a las que se enfrentará Ángel Ron, que será juzgado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos deestafa y falseamiento de cuentas.
El auto llevado a cabo por el juez José Luis Calama compromete al expresidente del Banco Popular, quebrado poco después de recaudar más de 2.500 millones de euros en una ampliación de capital que arruinó a muchos y sirvió para sanear en parte el banco digerido en 2017 por el Santander por apenas 1 euro.
Ron, según el auto, "permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe, y no por más o por menos. La intervención verbal de los letrados de Linklaters fue meramente jurídica y, por lo que consta en el acta, no muy exhaustiva, más bien lo contrario. Ese consejo fue una manifestación clara de déficit de gobernanza y, a nuestro juicio, adoleció de información y de debate".
El texto también deja claro que Ron tenía una grandísima responsabilidad en el Popular en el momento de la ampliación ya que era, ni más ni menos, que "presidente de su consejo de administración", "presidente ejecutivo" y "presidía también la comisión delegada del consejo".
El banquero, según el auto judicial, "impulsó la ampliación de capital del año 2016. Permitió que se aprobara dicha ampliación, con un déficit de gobernanza notable, y sin explicar mínimamente las bases de cálculo de los 2.506 millones de la ampliación. El sr. Ron estaba al tanto del déficit de provisiones que afectaba al balance de BP durante los años 2015 y 2016".
Algunas voces señalan que "las autoridades estatales y europeas miraron para otro lado sobre la situación del Popular", pero el auto deja claro que sus responsables desoyeron todo tipo de consejos: "Resulta sumamente peligroso despreciar y prescindir de las opiniones e instrucciones que contemporáneamente recibía Banco Popular por parte de Banco de España y BCE, que han visto su reflejo en la causa a través de las comunicaciones remitidas por los citados organismos".
La instrucción llevada a cabo por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ya dejaba claro hace unas semanas en relación a la ampliación de capital de 2016 que los miles de inversores que acudieron a la misma fueron engañados, porque los estados financieros "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio".
El auto afirma que los máximos responsables del Popular, con su entonces presidente Ángel Ron al frente, "alteraron conscientemente su balance y su cuenta de resultados, ofreciendo al mercado una información falsa que, sin duda, distorsionaba la toma de decisiones de inversión".
Calama, tras 6 años de investigación, impulsó un cambio de vientos en la causa al anunciar que iba a emitir un auto de transformación, de forma que la causa no se archivara y propone a Anticorrupción y afectados que presenten escritos de acusación.
De la sombra del delito se escapa el sucesor de Ron en la presidencia, Emilio Saracho, que tomó "posesión efectiva el 20 febrero de 2017, no teniendo ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable a que hemos hecho referencia".
Incluso añade: "Por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco". Saracho también se libra de la principal acusación que pesaba sobre él: la de realizar filtraciones a la prensa que provocaron una fuga de depósitos que facilitaron el final definitivo del Popular.
Ron recurrió el auto al sentirse perjudicado
"Recurriré el auto porque no se corresponde con lo que se ha instruido y porque las conclusiones no se corresponden con los hechos declarados", se apresuró a señalar hace unas semanas Ángel Ron tras saberse acusado de falsear las cuentas.
Ángel Ron | El Cierre Digital
El banquero aseguró que en 2016 reforzó "los niveles de solvencia y provisiones" y, en su argumento más sólido, recuerda que la ampliación de capital también fue suscrita por directivos y miembros del Consejo por un importe de 500 millones de euros. "Soy un perjudicado de lo que considero un expolio del Banco Popular", añadió.
Ron señaló que la solvencia del Popular fue avalada por los peritos del Banco de España, que afirmaron en 2019 que "las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva".
Sobre su posible decisión de esconder créditos dudosos para evitar provisionar grandes cantidades y así asegurar operaciones de riesgo, añadió: "No conozco caso alguno que habiendo certificado unos peritos judiciales la existencia de irregularidades tales, la investigación se centre en una ampliación que reforzó el Banco y no en la resolución que de manera irregular acabó con él".
"No había agujero alguno en las cuentas de 2015 que dieron base a la ampliación de capital de 2016", sostuvo, asegurando que "desde una perspectiva contable esta simulación no tiene soporte regulatorio y por tanto no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 ni 2016".
El banquero calificó su labor al frente del Popular de "trabajo arduo, muy profundo y riguroso" y asegura que exhibirá "pruebas demoledoras" para batallar contra las tesis del instructor, que desliza estafa y falsedad contable.
El Banco Popular: historia de un escándalo
La Audiencia Nacional investiga la presunta estafa que cometió la cúpula del Popular cuando en 2016 realizó una ampliación de capital. Cabe recordar que al año siguiente de este proceso el banco fue intervenido por quedarse sin liquidez y fue adquirido por solo un euro por el Santander, que se hizo con los 5.000 millones de créditos fiscales que atesoraba su antiguo rival.
El banco de los Botín recibió, nada más acceder a la sala de máquinas del entonces sexto banco de España, 500 millones de Hacienda de estos créditos fiscales (que son sumas que se acumulan en pérdidas y sirven principalmente para rebajar el pago del Impuesto de Sociedades).
El ministro de Economía, tanto en 2012 como en 2017, era Luis de Guindos, que aseguraba que el rescate del Popular no iba a costar "ni un duro a los españoles", alarmados por el gigantesco socavón provocado por la banca (el FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, ha reconocido pérdidas superiores a 45.000 millones de euros derivadas por rescates bancarios).
El expresidente del Popular, Ángel Ron, se negó a ser rescatado ni por el FROB ni por la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de Reestructuración Bancaria), que hubiera digerido parte de los 33.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos que acabaron llevándose por delante a la entidad.
Por último, cabe recordar que los inversores del Banco Popular que perdieron sus ahorros en 2017 intentaron el pasado año la imputación de las autoridades españolas bancarias que avalaron la intervención y sus pretensiones de imputar a la anterior cúpula de la CNMV.
Pero el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó la intentona de los inversores de imputar a, entre otros, la exministra y expresidenta de la CNMV Elvira Rodríguez.
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