Controversia en la nueva propuesta de ley contra la prostitución: Stop Abolición alza la voz

El pasado 19 de marzo, el PSOE registró una ley de carácter abolicionista que pretende acabar con la prostitución. El objetivo es cambiar el Código Penal en aras de perseguir con más contundencia a quienes intervienen en esta profesión. Si bien es cierto que desde el partido afirman que se trata de una ley con la que se va a cortar de raíz la trata de blancas y el proxenetismo, personas que viven del trabajo sexual han remetido duramente en contra de la propuesta del PSOE. Una serie de quejas que desde la plataforma online Stop Abolición están ganando voz, llamando a la acción para recoger firmas y acabar con dicha iniciativa.

Disconformidades con la nueva propuesta de ley

El Partido Socialista Obrero Español ha presentado una proposición de ley para abolir la prostitución, tal y como ha corroborado la ministra de igualdad Ana Redondo. No obstante, desde la Plataforma Stop Abolición ya se han hecho eco de numerosas disconformidades con lo propuesto desde el Gobierno y no pretenden callar ante esta nueva normativa.

La ley tiene tres elementos fundamentales que atañen al artículo 187 del Código Penal. Por un lado, se pretende amplia el concepto de proxenetismo, por otro se quiere penalizar la tercería locativa y, por último, castigar a quienes se lucren sistemáticamente de la prostitución. Una serie de modificaciones que no han sentado nada bien ni a trabajadores ni a trabajadoras sexuales.

Stop Abolición acoge a todas aquellas personas que viven de este trabajo y están conformes con su profesión, quienes rehúyen de todo cuanto clama cierta parte del feminismo punitivo. A diferencia de lo que afirma la ministra Redondo, regular la prostitución no es una cuestión de blancos o negros. Y, desde luego, el primer paso hacia la transparencia en el sector no reside en endurecer las penas.

Datos que niegan la justificación de esta nueva ley

Uno de los principales problemas de esta reforma legal es que se continúa el estigma que siempre ha acompañado a las trabajadoras sexuales. De hecho, la normativa parte de un dato falso, el cual afirma que hasta el 90% de las profesionales del sector están sometidas a coacciones o situaciones de extrema necesidad. Un dato que ha sido negado tajantemente por parte de investigadores de rigor como Carmen Meneses o José López Riopedre.

En su defecto, el número de casos detectados de trata de blancas y explotación sexual no alcanza ni el 1%. Por consiguiente, a pesar de haber un problema (como en tantos otros estratos sociales y ramas laborales), no es el drama que tratan de vender. De hecho, según estadísticas del Consejo del Poder Judicial, solo 35 personas fueron condenadas en 2022 por prostitución coactiva. Muy alejado del 90% que se clama desde el PSOE.

Por otro lado, conviene señalar que países notablemente avanzados tanto en lo social como en lo económico, como Holanda, hace tiempo que regularon la prostitución y los efectos fueron muy positivos. Es más, si esto se hiciera en España se estima que la recaudación tributaria superaría los 2.800 millones de euros.

Posibles consecuencias si se aprueba la ley

Pensar que aprobar una ley de estas características va a cortar la prostitución no solo es inocente, es temerario. Es más, en los países que se han puesto este tipo de leyes, la violencia contra las trabajadoras sexuales se ha disparado. Ejemplo de ello es Francia, donde la ola de crímenes sobre este sector es realmente preocupante.

Si se aprueba la ley abolicionista, se estará desprotegiendo más si cabe un trabajo que jamás va a desaparecer. Es ponerse una venda en los ojos: una venda de falso puritanismo. Por consiguiente, plataformas como la de Stop Abolición se han puesto manos a la obra y están uniendo a la comunidad de trabajadoras sexuales. Un altavoz desde el que pretenden pelear por sus derechos en pro no solo de su libertad, sino también de su seguridad.