Guadalupe Sanchez analiza la última obra escrita de Alfredo Urdaci.

Los políticos españoles que prostituyen pública y obscenamente sus pretendidos principios a cambio de un minuto más en la poltrona se atreven a señalar desde sus portavocías a los ciudadanos que, de forma soberana, se dedican al mercado del sexo. Los mismos que venden impunidad por el módico precio de siete votos claman contra la indignidad que para ellos supone que haya quien venda sexo. La abolición de la prostitución es, entre otras cosas, un tremendo ejercicio de hipocresía por parte de una banda de meretrices del poder que, para aplacar su conciencia y redimir sus pecados, se han propuesto prohibir a otros el ejercicio libre y honesto de la misma actividad que ellos practican, sólo que en su variante menos noble.

Porque las putas venden su sexo, pero no su dignidad. Y esto ya es mucho más de lo que pueden decir la mayoría de los políticos que, en nombre de un feminismo mojigato y tutelar, proponen prohibir la prostitución. Les molesta la palabra puta porque reputan denigrante la consideración del cuerpo de la mujer como mercancía, mientras ellos trafican con cargos, leyes y prebendas de todo tipo también a cambio de dinero. No sabrían ganarse la vida de otra forma.

Tras la palabra ‘puta’ hay mucha más libertad y honorabilidad que tras la palabra ‘política’. En Moncloa habita mucha más indecencia que en cualquier casa de lenocinio española y los testimonios que Alfredo Urdaci recoge en el libro así lo demuestran. Sus páginas plasman de forma primorosa las experiencias vitales, anhelos y preocupaciones de putas, empresarios y puteros que van a ser sacrificados en el altar de la moral pública y relegados a la clandestinidad.

Como bien señala Miguel Babiloni, delegado balear del sindicato Otras, esto no va de proscribir toda la prostitución, sino sólo aquella que no se ajusta a su idea de moral. Hay quienes se casan con un millonario por su dinero, para conseguir estabilidad económica o alguna ventaja burocrática, como la residencia. También ofrecen sexo como contraprestación. Que lo que condicione el tránsito de lo moral a lo amoral sea la concurrencia del matrimonio, aun cuando éste no sea más que una tapadera para encubrir ese mercadeo con el cuerpo del que tanto abominan resulta, cuanto menos, paradójico.

Pero la prostitución no va a desaparecer, por más que se punitivice, porque es una manifestación de la libertad y de la dignidad individual, de nuestra voluntad de disponer de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad autónomamente. Ni los homosexuales desaparecieron con la adaptación franquista de la ley republicana de Vagos y Maleantes, ni lo harán las putas. También lo intentó el Generalísimo mediante decreto en 1956, que aseveraba que: "la incontestable ilicitud de la prostitución ante la teología moral y ante el mismo derecho natural, ha de tener reflejo obligado en el ordenamiento positivo de una nación cristiana para la debida protección de la moral social y del respeto debido a la dignidad de la mujer". Donde Franco habla de nación cristiana, las feministas posmodernas hablan de ‘dignidad democrática’. Y todo mientras sus compañeros de partido abarrotan los burdeles, claro.

En democracia, el Código Penal está para proteger bienes jurídicos que la sociedad estima útiles para su desarrollo, no para castigar indignidades ni para imponer pautas morales. Las putas merecen ser legalizadas y poder desarrollar su actividad libremente con la misma seguridad jurídica que cualquier otro trabajador, ya sean de lujo -como Valerie- o para escapar de las deudas -como Gabriela. Cuestionar su forma de procurarse un sustento no sólo conlleva tratar de forma peyorativa una elección profesional y vital, sino banalizar algo tan sensible como la violencia sexual y la trata de seres humanos, equiparando a las que son agredidas y explotadas con mujeres empoderadas y libres. Criminalizar las voces que aglutina la obra escrita por Alfredo Urdaci será tan absurdo como inútil.