La Asociación Española de Fundaciones cree que la Ley de Memoria Democrática pone en entredicho a todo su sector

El pasado 21 de julio, el Gobierno de España aprobó en segunda vuelta el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, mediante la cual se “condena y repudia el Golpe de Estado de 1936 y el régimen franquista posterior". Entre las medidas que se contemplan, una de las más relevantes es catalogar como delito de apología del franquismo cuando se enaltezca el Golpe de Estado, la dictadura o a sus dirigentes con menosprecio y humillación a la dignidad de las víctimas. Además, se retirarán los honores, medallas y distinciones que hayan supuesto una exaltación de la Guerra Civil o la dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.

Otra de las medidas que esta Ley propone afecta directamente a algunas fundaciones de nuestro país ya que, el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó que modificarán la Ley para que se puedan extinguir aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo. Pese a que esta no será una extinción inmediata debido a que estas decisiones derivarán en un procedimiento judicial, organizaciones como la Fundación Francisco Franco o la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se encuentran en una situación muy delicada.

Por ello, la Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha emitido un comunicado en el que muestra su desacuerdo con la forma en la que el Gobierno pretende extinguir estas fundaciones, ya que considera que “al permitir extinguir cualquier fundación sin las suficientes garantías, afecta al derecho constitucional a fundar para fines de interés general y pone en entredicho al conjunto del sector fundacional sin motivo alguno”.

Rueda de prensa posterior a la aprobación del anteproyecto de ley de Memoria Democrática.

Debido a que esta Ley de Memoria Democrática no tiene “nada que ver” con el régimen legal de las fundaciones, la AEF entiende que este tipo de procedimientos deben contemplarse en la Ley de Fundaciones, ya que es la norma que desarrolla el derecho constitucional a fundar. Para solucionar este problema, la Asociación ha trasladado al Gobierno una serie de pautas para llevar a cabo de forma correcta la extinción sin poner en riesgo la razón de ser de las más de 9.000 fundaciones que existen actualmente en nuestro país.

El comunicado recuerda que la actual Ley de Fundaciones ya prevé mecanismos de corrección en caso de desviación de los fines o en caso de que estos fueran delictivos por lo que, basta con hacer cumplir esa ley y utilizar los mecanismos que esta ofrece a la administración para promover una extinción judicial de forma correcta.

Concentración que solicita la aprobación de la Ley de Memoria.

Añaden que además existe una necesidad de mejorar el modelo de supervisión, un modelo que actualmente se encuentra residenciado en los protectorados, órganos que no superan el nivel de subdirección general, por lo que es necesario que este modelo sea instalado, al menos, en un ministerio transversal y “dotarlo con los instrumentos, recursos y medios necesarios para cumplir eficazmente con su misión”.

Otra solución para mejorar este modelo sería la creación de una agencia que permita dar la mayor independencia posible al órgano que decide si una fundación ha incumplido los fines de interés general que justifican su existencia.

Para finalizar, la AEF ha criticado la amenaza que esta ley supone para “la estabilidad de la filantropía, las fundaciones y el Tercer Sector”, ya que estas “cumplen una función social de primera magnitud”.