Lío en el Festival de Mérida: Se reabre el concurso tras el recurso de SEDA por ser apartada

Sigue el lío con la licitación del Festival de Mérida. El 8 de febrero la Comisión Jurídica de Extremadura aceptaba el recurso de la UTE (Unión Temporal de Empresas) de SEDA tras ser excluida del concurso para hacerse cargo del Festival en el período 2021-2024 por un importe de 20 millones de euros. Así lo había decidido el gerente del patronato. La beneficiada había sido Pentación de Jesús Cimarro. 

Ahora, el concurso se pone de nuevo en marcha en una historia que parece no tener fin y que lleva alargándose varios meses mientras se acerca la celebración de la nueva edición del histórico Festival. 

En la resolución, la Comisión Jurídica asegura que "no comparte ni considera suficientes las explicaciones dadas por el órgano de contratación para justificar los nuevos requerimientos de documentación llevados a cabo por este en virtud de Resoluciones de fechas 1 y 4 de diciembre de 2020, respectivamente, puesto que la Mesa de Contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, ya había tomado una decisión, aunque a la postre modificada, sobre la acreditación de la solvencia económica por las empresas de UTE”.

“Por consiguiente y centrando la cuestión en si la cantidad a computar de la empresa PLURAL (no se cuestiona por la mesa de contratación la del resto de integrantes de la UTE) a afectos de acreditar la solvencia económica mínima de la UTE debe ser únicamente de 754.809'76 euros, como sostiene la mesa de contratación y la Gerencia del Consorcio, es necesario recordar que el PCAP utiliza como referencia el volumen anual de negocios en el ámbito funcional del contrato, o lo que es lo mismo, la facturación anual o cifra de ventas, o el total de ingresos recibidos por la realización de todas las transacciones económicas realizadas durante un periodo de tiempo específico".

Por lo tanto, "al margen de deducir las bonificaciones y reducciones sobre las ventas así como el IVA e impuesto directamente relacionados que deban ser objeto de repercusión como establece el artículo 35.2 del Código de Comercio, no estamos ante cifras en términos netos ni parece pretenderse que del importe total ingresado de la taquilla de cada espectáculo y por tanto generado por la propia actividad empresarial recogida en los contratos aportados".

Jesús Cimarro.

"Es más, aún en el caso de no computar como volumen de negocios de SEDE las cantidades a ellas facturadas por PLURAL correspondientes a las obras Desatadas, El amor sigue en el aire, Hamlet y 1984, evitándose así como afirma la Mesa y el órgano de contratación aplicar un volumen de negocios en el ámbito del contrato en este procedimiento entre las dos empresas que concurren en compromiso de UTE superior al 100% seguiría superándose el umbral de los 2.400.000 euros exigidos en el PCAP”, rematan. 

Estos son los motivos que alega la Comisión Jurídica para volver a la 'casilla' de noviembre. El concurso de licitación de llevarse de nuevo a cabo mientras se acercan las fechas del nueva edición del histórico Festival. 

Una culebrón sin fin

El pasado mes de agosto Pentación, empresa de Jesús Cimarro se quedó sin ningún competidor en el concurso que adjudicará la gestión del Festival de Mérida para los próximos dos años.

En total, se presentaron cuatro empresas para la licitación, tres de ellas fueron eliminadas por la mesa de contratación por “no cumplir con los requisitos” quedando en competición la empresa Pentación y la UTE Servicios Especializados en Distribución Artística, Plural Multimedia y Ocio y Letsgo Entertainment.  Esta quedó “fuera del concurso” y SEDA determinó recurrir esta decisión.

En noviembre, la Comisión Jurídica de Extremadura consideró que el director gerente no podía rechazar la solvencia económica financiera de la UTE recurrente, dado que dicha solvencia había sido admitida previamente en todos sus términos por la Mesa de Contratación correspondiente.

La resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura ponía de manifiesto, como es principio básico de la normativa de contratos del sector público, la inexcusable importancia de la concurrencia de candidatos para cualquier concurso, a fin de garantizar la necesaria competencia que garantice que el concurso se resuelve en favor de quien presente la propuesta de mayor calidad y más económica, cosa que en este caso hubiese sido imposible de cumplir, puesto que solo había sido admitido Cimarro antes de que hubiese oferta ninguna.

Resolución del 4 de noviembre.

El concurso decidía una contratación de aproximadamente 5,8 millones de euros para los próximos dos años: 2021 y 2022. Pentación, la única opción que quedó tras la criba, dirigirá el evento durante este periodo y al concluir, habría sido el gestor durante más de 11 años. Además, el contrato es prorrogable hasta 2024, por lo que el importe podría llegar a 14.960.000 euros. La única concursante deberá presentar ahora el proyecto técnico para ser validada por la mesa.

Ya en 2019 la Junta de Extremadura anunció que prorrogará por un año el contrato de gestión vigente de dicho Festival Internacional a cargo de la empresa Pentación que dirige Jesús Cimarro, debido a que la Comisión Jurídica de Extremadura ha ordenado volver a licitar el concurso que el gobierno regional sacó en marzo para adjudicar la gestión del certamen durante los próximos cuatro años, dos fijos más dos de prórroga, por 14,7 millones. Este acuerdo fue recurrido por dos empresas al considerar que el proceso no se ajustaba a la legalidad y ahora la Comisión les ha dado la razón.  

El festival de Mérida, financiado por un patronato formado por la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Mérida y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, tiene cedida su gestión desde 2012, cuando se encargó directamente esta tarea a la empresa Pentación, dirigida por Jesús Cimarro. En 2016 se convocó un concurso público para su organización hasta 2019, que se resolvió también a favor de Pentación. Y ahora está en marcha otro para las ediciones de 2020 y 2021, con posibilidad de prorrogar hasta 2023, con un montante total para el cuatrienio de 14,69 millones de euros.