Claves de la guerra de Ferreras e Iglesias: Del giro de La Sexta al odio entre Planeta y Podemos

El mes anterior a las elecciones generales de junio de 2016 La Sexta rebotó una información "manipulada" que decía que la madre de Pablo Iglesias era titular de una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de las islas Granadinas de casi 300.000 dólares que habría inyectado el Gobierno de Venezuela. 

Antonio García Ferreras admitía en una comida que compartió junto al comisario José Manuel Villarejo, y ahora desvelada por Patricia López en Crónica Libre, que la información era "burda", pero "voy con ello". Es decir, La Sexta dio cancha a una fake new a sabiendas de ello. 

Por aquel entonces, Ferreras e Iglesias tenían buena relación porque La Sexta fue clave en que Podemos se disparase a nivel demoscópico a partir del segundo semestre de 2014. Pero la cadena, perteneciente a un holding controlado por una empresa cercana al PP (el Grupo Planeta), rebajó su entusiasmo con el nuevo partido cuando la subida en las encuestas de este comenzó a asustar a La Moncloa, Zarzuela y al Ibex35.

Reacciones

Iglesias asegura que La Sexta siguió el "modus operandi mafioso" para destruirle "en alianza con las cloacas y otros poderes del estado". Según Iglesias estos "han trabajado para destrozar la reputación de algunos políticos, para alterar los resultados electorales". Entiende el director de La Base que esto "es algo gravísimo que afecta a la propia imagen del periodismo".

Ferreras se explicaba en La Sexta: "Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es. Ni esa de las Granadinas ni ninguna otra, ni sobre Podemos ni sobre nadie. Estamos hablando de unos audios posteriores a que saliera la noticia. Una noticia sobre una presunta cuenta en Granadinas y así lo dijimos: una 'presunta' cuenta. Y lo dimos citando al medio que la sacaba, como se hace habitualmente en todos los medios". 

Pablo Iglesias. 

"Lo primero de todo fue llamar a Iglesias. Claro que nos parecía extraño y hasta burdo, y así lo decíamos, pero la Policía decía tener ese papel y que lo estaba investigando. Por eso la dimos citando al medio y por eso llamamos de inmediato en ese mismo programa a Iglesias. Mienten cuando dicen que dimos una información falsa sabiendo que lo era. Eso es mentira. Cuando surge la noticia de la presunta cuenta en Granadinas la contamos, citando al medio, con la respuesta y el desmentido inmediato de Pablo Iglesias", añade. 

Palos mediáticos

La Sexta no se ha ido de rositas de este culebrón y Àngels Barceló les daba un palo en la SER: "La corrupción política en este país hubiera sido imposible sin la participación y la connivencia de otros actores más allá de determinados políticos. Sin el favor de algunos policías hubiera sido imposible, sin el favor de cierta clase empresarial tampoco, así como sin el favor de algunos jueces y sí, también, sin el favor de ciertos periodistas". 

"Hace ya mucho tiempo que nuestra profesión necesita una catarsis, nosotros también somos responsables del deterioro democrático de este país, no somos unos actores secundarios, tenemos un papel determinante en el relato de la historia. Es nuestra obligación ser fieles a la verdad, fiscalizar al poder, sea del color que sea, cuestionar, preguntar, es nuestra obligación ser incómodos", añade. 

Ctxt, medio en el que colabora Iglesias, dice que el audio desvelado por Patricia López "es la confirmación final de que el principal grupo de comunicación español ha conspirado durante años con policías, jueces y otros autodenominados periodistas para tratar de hundir la credibilidad y la carrera política de Pablo Iglesias, el líder de Podemos que consiguió convertir a su partido en una fuerza de gobierno municipal, autonómico y estatal". 

El citado digital dice que "el escándalo sigue al dedillo el modus operandi habitual de las cloacas, la alianza entre policías corruptos, dirigentes de partidos que ven amenazada su hegemonía, medios de comunicación sin código deontológico, y un grupo de jueces afines dispuestos a hacer política en vez de a impartir justicia. La impunidad de todos ellos es un escándalo de Estado que debe ser investigado a fondo por el Congreso de los Diputados y por la Fiscalía General, primero porque los responsables de estos desmanes siguen en sus cargos, y en segundo lugar porque esta actividad de guerra sucia implica delitos gravísimos, desde la conspiración para subvertir el voto popular a la prevaricación y la violación del derecho constitucional a la libertad de información".