Tensión laboral en Euskadi: Guiño del PNV al sindicato ELA tras 10 años de disputa

En un territorio que abarca menos del 5% de la población del Estado, Euskadi, se producen el 50% de huelgas. Y de motor de esta estrategia contestaria ejerce el sindicato mayoritario del País Vasco, ELA, que desde hace años rompió el cordón umbilical que le unía con el PNV para enfado del presidente peneuvista Andoni Ortuzar. 

El hartazgo jeltzale hacia ELA se evidenciaba en la negativa del anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, a reunirse con sus representantes. Esta postura duró una década, pero el PNV ha decidido cambiar de estrategia de la mano del nuevo presidente autonómico, Imanol Pradales, que tras unos días en el cargo a recibido en el Palacio de Ajuria Enea al líder sindical Mitxel Lankutza. 

El sindicalista decía que Urkullu tenía una forma "reducida" de entender la democracia. "El contrapoder es imprescindible en una sociedad y Urkullu sabe que el único contrapoder de este país (Euskadi) es el sindical y el social", añadía. 

Pero ahora ELA también quiere rebajar tensiones, que no reivindicaciones. Y es que lo primero que hizo Lakuntza ante Pradales fue entregarle una propuesta con medidas concretas sobre 15 áreas de acción del Gobierno "que permitirán medir la voluntad de cambio del ejecutivo". 

ELA asegura que "considera positiva la disposición al diálogo de Pradales", pero le recuerda que lo realmente determinante son las decisiones y las medidas que el gobierno debe adoptar. También muestran su preocupación por el acuerdo de gobierno entre PSE y PNV, "que carece de medidas concretas que muestren una voluntad real de cambio en las principales líneas de actuación de anteriores ejecutivos". 

ELA reclama  "otra política fiscal que provea de ingresos suficientes para invertir en la mejora de servicios públicos como Osakidetza (Sistema Vasco de Salud), los cuidados y la educación, entre otras muchas cuestiones".

Pérdida de poder adquisitivo

ELA lleva tiempo removiendo los cimientos del Gobierno Vasco al asegurar que los funcionarios vascos están perdiendo poder adquisitivo: "Con la subida salarial del 0,5% anunciada por el Gobierno Vasco, los empleados públicos alcanzarán una pérdida de poder adquisitivo del 5,3% desde 2022. Concretamente, la pérdida de poder adquisitivo es del 2,9% en 2022, y del 2,4% en 2023". 

"Con esta nueva pérdida, los y las empleadas públicas acumulan ya un 20% de pérdida de poder adquisitivo. La decisión, aprobada por en el Consejo de Gobierno, supone renunciar a sus competencias en materia de condiciones laborales de las y los empleados públicos y obedece al acuerdo firmado en 2022 entre UGT, CCOO y el Gobierno del Estado, en 2022", aseguran. 

Es por ello que ELA insta  al Gobierno Vasco a ejercer sus competencias y pide al Gobierno y a los partidos vascos que permitan que los presupuestos del Estado puedan decidir en Euskadi y Navarra las subidas salariales de los empleados públicos. 

ELA también puntó al PNV por ponerse de perfil con los fondos europeos

Solo entre el verano de 2020 y diciembre de 2022 España fue receptora de 6.259 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation que Bruselas activó para que la economía no se detuviese a cuenta de la pandemia desatada por la crisis del covid19. 

Desde la oposición a nivel estatal se ha denunciado la opacidad en el reparto de fondos, pero ELA denunció varios aspectos desconocidos a través del informe titulado 'UE: agenda verde oliva y digital al servicio de las empresas transnacionales', que detalla cómo se repartieron en Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra. 

El sindicato señala que es falso que este caudal se reciba "a fondo perdido", ya que los Estados están obligados a tomar medidas "profundamente antisociales". Esto es, reformas laborales; recorte de las pensiones; fiscalidad a favor de grandes empresas y fortunas; y límites a la contratación y las políticas públicas. 

Cree ELA que este hecho devolverá a Europa a las políticas de austeridad, que estarán de nuevo en vigor de forma efectiva desde 2025. Mitxel Lakuntza asegura que los Next Generation obligan al Gobierno español a imponer recortes del 6,1% en las pensiones a partir de abril de 2025 (unos 11.300 millones de euros anuales). "Quienes aprobaron la reforma de pensiones trataron de ocultar que estaban imponiendo recortes futuros", asegura. 

"Los Fondos Europeos son un mecanismo de intervención de las políticas estatales y se enmarcan dentro de las políticas de austeridad que impone la Unión Europea desde hace mucho tiempo. La responsabilidad es de todos los partidos que posibilitaron la reforma de pensiones, entre los que se encuentran PNV y EH Bildu, que dieron la espalda a la demanda de las organizaciones para rechazar la reforma", denuncia Lakuntza. 

Más palos sindicales al PNV

El otro gran sindicato vasco es LAB, cercano a los postulados de la izquierda abertzale. Garbiñe Aranburu, perteneciente a esta central sindical, exige al PNV que utilice su influencia en Madrid en favor del norte: "Hay que aprovechar esa fuerza para dar pasos en la construcción de un marco vasco de relaciones laborales y protección social, para poner límites a la estatalización de la negociación colectiva y para blindar el marco propio de negociación colectiva". 

La sindicalista abertzale pide  "exigir la transferencia de la Seguridad Social y, en definitiva, aprovechar para avanzar en el derecho que tenemos los trabajadores a decidir nuestras propias condiciones laborales y salariales sin ninguna injerencia del ámbito estatal, en nuestro propio territorio".