Piden comparecer a Marlaska y Darias tras la noticia sobre mascarillas caducadas
Dos senadores piden explicaciones a los ministros por el envío de material a cárceles y comisarías en Canarias
Los senadores del Grupo Parlamentario Mixto Emilio Argüeso –designado por las Corts Valencianes– y Ruth Goñi –electa por Navarra– solicitan la comparecencia ante la Comisión correspondiente en la Cámara Alta del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Esta comparecencia se solicita en relación a la noticia publicada por elcierredigital.com sobre la distribución de mascarillas FFP2 –de la empresa IVROU– a punto de caducar y sin el sello preceptivo. El material sanitario procedía del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) –dependiente del Ministerio de Sanidad– y fue repartido recientemente a funcionarios de Interior que desempeñan su labor en el Centro Penitenciario El Salto de Negro-Las Palmas y en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria.
Argüeso y Goñi han pedido explicaciones a los correspondientes ministerios en un documento remitido al Senado –el 15 de noviembre, al que ha tenido acceso elcierredigital.com–, con el objetivo de que "ambos ministros aclaren estos hechos y especifiquen si hay más centros afectados en Canarias y en el resto de España, así como si esa situación se ha reproducido en comisarías de Policía Nacional y otros centros donde ejercen sus funciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Fuentes de Interior consultadas por elcierredigital.com aseguran que "algunos lotes de estas mascarillas FFP2-IVROU procedentes del INGESA fueron enviadas a la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria y distribuidas entre los guardias civiles durante julio de 2022". En cuanto al reparto de este material sanitario para su uso por los agentes en el archipiélago canario, tampoco descartan que "hayan sido puestas a disposición de comisarías de la Policía Nacional en las islas". No obstante, indican que "durante la pandemia, en algunas dependencias policiales también se distribuyeron mascarillas que se recibían en cajas sin empaquetado individual para la utilización de los policías nacionales".
El senador Sergio Ramos solicita esclarecer estos hechos
Por su parte, el senador grancanario Sergio Ramos del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, ha registrado una pregunta sobre este asunto –a la que ha tenido acceso elcierredigital.com–. Entre la batería de cuestiones que plantea Ramos, viene a reseñar que "en julio de 2022, la empresa FARMALOGISTIC envió a la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria 297.000 mascarillas FFP2 sin anagrama grabado de CE. La fecha de fabricación es marzo de 2020, y la fecha de caducidad 2023. Es decir, que envían unas mascarillas en una época en la que ya no se utilizan prácticamente, y que caducan en nueve meses".
Ramos ha preguntado al Senado sobre seis aspectos concretos: "¿Por qué razón se envían unas mascarillas que no tienen el anagrama CE, como exige Sanidad? ¿Por qué se envían unas mascarillas que caducan en nueve meses, y que no dan tiempo a utilizar, y dónde se encontraban estas mascarillas? ¿Cuánto se pagó por estas mascarillas y qué procedimiento se llevó a cabo para su compra? ¿Cuántas mascarillas se han enviado a Canarias de INGESA? ¿Cuántas mascarillas se han enviado a Policía Nacional y Guardia Civil desde marzo de 2020?" Y, finalmente, "¿Solicitó el Ministerio del Interior este pedido de mascarillas?".
La polémica de las mascarillas se hace viral
Tal como destapó elcierredigital.com, el INGESA remitió unos lotes de material sanitario –alrededor de 500.000 mascarillas– con fecha cercana a la caducidad a instituciones pertenecientes al Ministerio del Interior, que se distribuyeron en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria durante el mes de julio de 2022.
Según revelaron fuentes de Interior a este diario, se referían en concreto a "unos lotes de 297.000 mascarillas FFP2 KN 95-IVROU sin el sello CE individualizado como exige la normativa, que no venían empaquetadas para uso individual de los agentes, pero que fueron repartidos entre el Centro Penitenciario Salto del Negro-Las Palmas y otras dependencias policiales ubicadas en las Islas Canarias".
Al conocerse esta reciente distribución masiva de mascarillas FFP2-IVROU a centros dependientes de Interior, la reacción de algunos funcionarios no se ha hecho esperar. La información sobre este caso publicada por elcierredigital.com se viralizaba en la red social Twitter, tras la protesta del colectivo integrado por agentes penitenciarios ‘Tu abandono me puede matar’. Esta asociación comunicó en su perfil Twitter: "El ministro Marlaska, y Pedro Sánchez por mantenerle en el cargo, deberían dar explicaciones por arriesgar las vidas de Policías y Funcionarios de Prisiones ante el Covid-19".
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