La Generalitat da concesiones a quienes tienen diversidad de religión y origen

La escuela de administración pública de la Generalitat de Cataluña tiene en cuenta para la evaluación de proyectos los orígenes, las culturas y las religiones de los miembros que componen los equipos de investigación. Según un escrito de la Generalitat, estos factores son parte de las características de los equipos, así como su pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, significando esto la idoneidad de la persona mentora institucional. 

Dentro de estas observaciones sobre las características del equipo, los orígenes, las religiones, las culturas, la paridad de género y la diversidad de edades sirven para la representatividad de los actores sociales y las motivaciones que tienen los miembros para participar en el proyecto. Fuentes expertas en este campo indican a Elcierredigital.com que “un agnóstico negro, un transexual judío, un hombre heterosexual budista o una mujer musulmana, podría determinar la concesión del proyecto a unas personas u otras”.

Para estos proyectos se tiene en consideración la experiencia científica, profesional y de transferencia de conocimiento de los miembros del equipo en relación con el proyecto de búsqueda. Dentro de este apartado se solicita conocer las actividades científicas y profesionales o experiencias más destacadas de los miembros, haciendo especial incidencia en las relacionadas con el tema del proyecto y con la búsqueda colaborativa.

No obstante, este no es el único caso en que la administración pública de Cataluña ha generado descontento entre sus ciudadanos y trabajadores. Las motivaciones culturales y políticas de la administración catalana provocaron en marzo de 2023 la huida del personal de Hacienda de Cataluña. Esto obligó al Gobierno español a convocar más de 400 plazas para cubrir las numerosas vacantes. 

La huida de los funcionarios de Hacienda de Cataluña

La Agencia Tributaria publicó el listado de instrucciones y destinos para todos aquellos aspirantes a funcionario que superaran las pruebas de acceso. Casi 700 plazas se repartieron en el territorio español de una forma poco equitativa, ya que más de 400 pertenecieron a Cataluña. Una cifra que contrastó con las 138 plazas que se convocaron para ocupar el puesto en Madrid.

Los inicios de la falta de funcionarios se remontan al año 2012, viviendo su momento álgido en 2017, cuando tuvo lugar la mayor crisis separatista entre Cataluña y España. En octubre, Carles Puigdemont, presidente por aquel entonces de la Generalitat, hizo un referéndum —que fue declarado ilegal— para proclamar Cataluña como Estado independiente. Mariano Rajoy presidía España por aquel entonces, y aplicó el artículo 155 para solucionar la situación y mantener la unidad de España.

Sin embargo, desde aquel 2017 la situación con respecto a Cataluña ha generado una incertidumbre generalizada, también entre los funcionarios. Según expresó El Confidencial Digital, desde que en 2012 comenzó el auge del independentismo catalán, los puestos de funcionariado se redujeron un 15% hasta 2018. Un hecho que dejó a la Administración General del Estado en una situación crítica.

En 2020 la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también denunció la falta de personal en las administraciones públicas de Girona: “Tal es el grado de destrucción del empleo público que algunos servicios de la Administración del Estado están al límite de la parálisis absoluta”, anunciaban.

Debido a esta situación, que se alarga hasta el presente, tanto el sindicato CSIF como formaciones políticas, como el PP, solicitaron que se ofrecieran incentivos a los funcionarios destinados en Cataluña con el fin de estabilizar la plantilla en la región. Según recogió Europa Press, son pocos los ciudadanos que piden traslados a Cataluña, y los que obtienen plazas en la Comunidad Autónoma se mantienen alerta ante cualquier oportunidad de traslado a otros lugares de España.

El idioma y el alquiler: dos impedimentos

Además del proceso independentista, hubo otras dos causas que fueron señaladas como principales en la fuga de funcionariado: el catalán y el elevado precio de los alquileres.

Sobre la primera, en 2017, en plena crisis independentista, muchos funcionarios destinados en Cataluña se preguntaron si perderían su plaza por no saber catalán o si se verían forzados a aprenderlo rápidamente. El Gobierno aseguró que protegería los derechos de todos los funcionarios que no hablasen el idioma, mientras que La Plataforma Per La Llengua aseguró en 2018 que en “ninguna de las 33.167 plazas se pide catalán como requisito indispensable para acceder a ellas”.

Con respecto al alquiler, si bien es cierto que Comunidades Autónomas como Baleares y Madrid son las que ofrecían la compraventa de pisos más cara (según informaba el Colegio de Registradores), Cataluña ocupaba el cuarto puesto. Además, Barcelona (donde se ofertaban la mayoría de las plazas de funcionariado) se posicionó en 2020 como la segunda ciudad más cara para alquilar pisos (15,1€ por metro cuadrado al mes), por debajo de Donostia y seguida por Madrid, según indicaba el portal Idealista.

Esta situación hizo que en 2020 se ratificara en Cataluña una ley para limitar el precio de los alquileres de 60 municipios de la Comunidad Autónoma, que empezaron a caer un 10 por ciento. Esta caída se produjo, además, en ciudades como Madrid, que no tenían dicha ley.