La tasa Tobin, el impuesto sobre las transacciones financieras, es una realidad cada día más cercana para los ciudadanos españoles y, como ocurre muchas veces, se va a aplicar cuando ya otros países la han retirado por el daño que origina. Francia, fue un país pionero en utilizarla, incluso la elevó del 0,2% al 0,3% para el 2017, para acabar retirándola en una parte importante de sus operaciones por su perjuicio. Esto parece no importar al PSOE y Podemos que habrían pactado imponerla en España como sustituto al Impuesto a la Banca.
Los defensores de esta tasa no hablan tanto de la recaudación (que es importante) sino de sus beneficios: estabilidad en los mercados y disminución de los movimientos especulativos. La realidad es que es una mera forma de recaudación que en la Unión Europea podría alcanzar los 35.000 millones de euros anuales y que sería pagada siempre por el cliente, ciudadano o empresa.
La gran excusa para su aplicación está en el inacabado desarrollo normativo en la Unión Europea de esta tasa, que lleva más de diez años intentando terminarlo. Lo único cierto es que el cliente acabará pagando la tasa por operaciones tan sencillas y comunes para el pequeño inversor como comprar una acción, que costaría hasta un 0,1% más con la aplicación de esta tasa.
¿Cómo afecta la tasa Tobin al ciudadano?
A priori, buena parte de los ciudadanos pueden ver la aplicación de la Tasa Tobin como positiva. El argumento es que el sector financiero el que ayuda y aporta recursos para financiar el gasto público, como sería en nuestro caso el sistema de pensiones. ¿Será así en la práctica?
Al final, los costes y comisiones que se aplican a la banca no tardan en repercutirse al cliente. Pensemos en buena parte de las grandes operaciones que estarían gravadas como por ejemplo las que realizan los fondos de inversión o planes de pensiones. Las comisiones de estos productos no se repercuten directamente al cliente, si no que se disminuyen sus rendimientos. La rentabilidad que genera el producto, que compra y vende, se vería reducida o se compensaría elevando las comisiones.
También existe el riesgo de desincentivar las grandes operaciones financieras en los países que lo apliquen y que los grandes brokers, trabajen más en países donde no se aplica esta tasa. Esto ya ha ocurrido a Francia y ha obligado a quitar esta tasa a los grandes inversores. Por todo ello, no sólo no se cumplirían todos los objetivos de recaudación, si no que llevaría a que se generen pérdidas en la recadación de impuestos por el traslado de actividad fuera de nuestras fronteras.
En pocos días esta propuesta parece que será realidad y sus efectos no tardarán mucho en verse. Por un lado, más comisiones o peores rendimientos para el inversor, por otro, menos ingresos para el Estado porque las empresas preferirán, en un mundo global como en el que vivimos, actuar desde otros países donde estas tasas e impuestos no graven sus operaciones.