La titular del Juzgado de Instrucción 53 de Madrid tomó declaración al novio de Patricia González como investigado por un presunto delito de cooperador necesario en los delitos que se imputan a su compañera.
También estaba citada como investigada por el mismo delito la madre de Patricia, pero su abogada presentó un escrito en el juzgado exculpando su asistencia porque había fallecido un familiar. Patricia González fue detenida el pasado 12 de mayo por orden judicial y quedó en libertad con cargos, con las medidas cautelares de no acercarse a su hija y de firmar en el juzgado cada 15 días.
Su actual pareja, Miguel Ángel, aseguró que desconocía cuál era la situación de la menor, según fuentes jurídicas que han precisado que el investigado solo ha contestado a las preguntas de la jueza y de su letrada. Respecto a cómo se financiaban Patricia y su hija y cómo pagaba la mujer el chalet en el que vivían, el acusado ha preferido no contestar, aunque ha reconocido que él había dado algún dinero a la madre.
María Sevilla, responsable de Infancia Libre.
La abogada del padre de la menor, que ejerce la acusación particular, solicitó que se le impusiese al investigado una orden se alejamiento de la menor al entender que puede ser peligroso para ella, algo sobre lo que la jueza deberá pronunciarse pronto.
Continúan investigando casos
La Policía Nacional continúa investigando casos relacionados con la Asociación Infancia Libre para determinar si, además de las tres madres de ese colectivo que han sido arrestadas, otros casos denunciados recientemente son parecidos y se puede acusar a sus integrantes de organización criminal.
La primera madre integrante de Infancia Libre que fue detenida el 1 de abril, María Sevilla, es presidenta de la asociación acusada de un presunto delito de sustracción de menores, tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantenerle aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar, durante seis meses. La última es Ana María B.V., detenida el pasado 21 de mayo a requerimiento de la autoridad judicial por incumplir reiteradamente el régimen de visitas fijado para su expareja y padre de la hija de ambos desde hace un año y medio. En este caso la niña sí estaba escolarizada.