Después de incorporarse en el Consorcio alavés en 2014, la funcionaria interina fue despedida en 2020 debido a su bajo nivel de euskera. Según estableció el 20 de marzo de 2020 el pleno del Ayuntamiento de Llodio, el nivel de euskera necesario para la plaza que ocupaba la funcionaria era el PL3, equivalente al C1 europeo. La fecha para acreditar este perfil se fijó en el 24 de marzo de 2020, sólo cuatro días después del acuerdo plenario.
A pesar de que la interina había realizado 8 cursos de aprendizaje de euskera con un total de 1.295 horas de aprendizaje fuera de su horario de trabajo, el 17 de septiembre de 2020 sólo logró acreditar el perfil PL1. Después de tres semanas, la funcionaria fue despedida. El Ayuntamiento de Llodio recurrió a una bolsa de trabajo externa al Consistorio para contratar a otra persona.
La sentencia ordena la readmisión de la interina.
El juzgado de Vitoria ha ordenado al consistorio alavés, que va a recurrir el fallo, a readmitir a la trabajadora. Y aunque la normativa vasca exonera de la obligación a los funcionarios mayores de 45 años, pero no a los interinos, la jueza ha considerado que la norma supone un trato desigual y ha recurrido a una directiva europea para igualar los requisitos que se exigen al personal, de forma que extiende la exención de cumplir determinados perfiles lingüísticos a los trabajadores mayores de 45 años, sean fijos o temporales.
La magistrada también argumenta que el euskera "ocupa la quinta posición de los idiomas más difíciles del mundo (en algunas listas aparece incluso el primero)" y que el Ayuntamiento ha mostrado "una nula sensibilidad hacia las extraordinarias dificultades que entraña esta lengua y expone el cese a modo de castigo".
La sentencia ha provocado declaraciones en contra del fallo, como la del consejero de Educación, Jokin Bildarratz (PNV), al que "sorprende" que la dificultad del aprendizaje de una lengua sea tenida en cuenta a la hora de dictar una sentencia en un sentido u otro cuando lo que debería primar es la ley. Por su parte, el presidente del PNV de Álava, José Antonio Suso ha mostrado su rechazo, tildando de "barbaridad" las argumentaciones esgrimidas por la juez. "No tienen ni pies ni cabeza", ha dicho el líder nacionalista.
El sindicato abertzale LAB también ha declarado que la decisión judicial es un "ataque" a los vascos que quieren vivir en euskera, una "injerencia" en la autonomía municipal y ha recordado que la Administración debe "garantizar la cooficialidad" del euskera y del castellano.