La familia de Déborah Fernández-Cervera, asesinada hace 18 años, ha hecho público su malestar con los investigadores de homicidios de la Policía Nacional al acusarlos de ocultar información sobre la investigación iniciada tras la desaparición y muerte de Deborah en el 2002.
Se trata de "documentación que obra en su poder y que nunca han hecho llegar al Juzgado". Los familiares explican que llegaron a entrevistarse con la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, pero "no ha servido para nada". El último escrito solicitando la documentación por medio de los nuevos abogados de la familia Fernández-Cervera se remitió en mayo al Ministerio del Interior, "a fin de que removieran los obstáculos que se dan en la investigación y atendiera las legítimas peticiones que se llevan haciendo desde hace meses por la nefasta actuación llevada a cabo durante años".
La respuesta del Ministerio del Interior, en forma de carta, no aporta ninguna solución según la familia, por lo que, añaden, "reiteramos que no nos detendremos ante ninguno de los obstáculos que tenemos que sortear a diario para lograr el esclarecimiento de la desaparición de Déborah Fernández-Cervera. El silencio de las Administraciones y el desprecio de la Dirección General de la Policía nos hace más fuertes", han explicado en un comunicado.
Según contó ya elcierredigital.com en dependencias policiales todavía existen más de nueve cajas y tres archivos informáticos con documentación y anotaciones sobre el caso que no han sido entregados al Juzgado de Instrucción 2 de Tui y, por tanto, pendientes de revisión judicial.
Esos informes son los que la familia solicita ahora a la Policía, donde se encuentran por ejemplo los datos sobre el rastreo del teléfono móvil y el ordenador de la víctima. Sin embargo, los agentes sí aseguraron haber realizado una inspección del ordenador de Déborah sin encontrar nada, ningún dato que les llevara a su desaparición. Sin embargo, no hay acta de dicha inspección por lo que los abogados personados en la causa consideran que sería necesario poner en conocimiento del juzgado cómo y cuándo se recoge y el resultado del informe pericial del disco duro, así como de la mensajería, correos electrónicos o fotografías.
Algo parecido ocurre con el teléfono móvil. La Policía asegura que haberlo inspeccionado y haber realizado gestiones con la compañía telefónica para saber desde qué números se había hecho las llamadas que aparecen en el listado, si bien a día de hoy se desconoce dónde está físicamente ese aparato de teléfono.
Las últimas declaraciones realizadas en el juzgado se realizaron a finales de febrero, cuando por primera vez fue citado José Carlos Fernández-Cervera, padre de Déborah, después de 18 años, que pudo contar finalmente cómo fueron las previas y posteriores a la desaparición de la joven. También prestó testimonio ese mismo 20 de febrero una íntima amiga de la joven con quien compartía confidencias, aunque tuvo que hacerlo por videoconferencia ya que reside ahora fuera de España.
Estos dos nuevos testigos se suman a los trece que ya pasaron por el juzgado, todos ellos del entorno de la joven y de su exnovio. Estas testificales habían sido solicitadas inicialmente por los abogados de la familia, pero en un primer momento fueron rechazadas. Tras los últimos interrogatorios, llevados a cabo el pasado mes de febrero, rectificó y decidió llamarlos por fin a declarar.
Deborah Fernández.
Como ha comentado a la amiga de Déborah sí se la tomó en su día declaración en comisaría, pero nunca se la llamó al Juzgado a pesar de que el caso fue reabierto en varias ocasiones, hasta su archivo provisional en 2010.
Las nuevas diligencias pueden contribuir a que se reconstruyan las últimas horas de Déborah Fernández en la tarde del 30 de abril de 2002, último día que la vieron sus allegados y familiares, y determinar quién puede estar detrás de su secuestro y asesinato.
El cadáver encontrado
El 10 de mayo de 2002 su cuerpo fue encontrado por una vecina de O Rosal, a 40 kilómetros de Vigo. El cuerpo estaba desnudo y oculto bajo unas ramas. Lo habían lavado. Aunque aparentemente el cadáver no tenía signos de violencia, la autopsia determinó que había muerto por asfixia sin poder aclarar si fue de forma súbita o provocada.
Según consta en el sumario, que obra en poder de elcierredigital.com, las conclusiones médico forenses indican que la causa de la muerte es "indeterminada" y en la etiología médico-legal se señala que "sin poder establecer la causa de la etiología se puede descartar la suicida, y se puede afirmar que ha habido una manipulación del cadáver". Por todo eso la data de la muerte se estableció "ocurrida en torno a los 6-9 días previos al hallazgo del cadáver".
El escenario claramente criminal y con pistas falsas para confundir a la Policía ha llevado a la familia a luchar por reabrir el caso durante todos estos años. En esta nueva reapertura han declarado ya en el Juzgado de Tuy trece personas, entre ellas, el exnovio de Déborah y sus familiares y amigos.
El auto con el archivo de la causa en 2010 reconocía que el exnovio de la víctima, Pablo P. S., había incurrido en contradicciones durante sus declaraciones, pero sin evidencias científicas que lo situaran cerca de Déborah aquella noche de abril ya que era imposible avanzar más en la investigación. Su principal coartada es haber estado jugando un partido de fútbol. Sin embargo, esa acta del partido donde tendría que constar su nombre no ha sido nunca aportada al Juzgado de Tui.
Tras la reapertura del caso por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Tuy, los testigos que han sido llamados a declarar han sitúado de nuevo ante la jueza el foco en este joven, de una manera u otra, porque todos los testigos tuvieron relación con la pareja.
Por el juzgado han pasado también los padres de Pablo P. S., un excuñado de Déborah y tres amigos que conocían a la pareja. Todos estuvieron con Déborah o con Pablo las horas anteriores e inmediatamente posteriores a la desaparición de la joven de 22 años. Unas nuevas declaraciones que han aportan más datos. Por ejemplo, la madre de Pablo nunca fue citada a declarar en la anterior instrucción.
José y Rosa, hermanos de Déborah Fernández.
Ya en su día la Policía solo marcó como sospechoso a este joven y a nadie más. Pablo y Déborah habían dejado la relación cinco meses antes y él negó siempre haber visto a su exnovia aquel 30 de abril de 2002, aunque sí quedó probado que hablaron al mediodía por teléfono mientras ella se depilaba en la peluquería.
La Policía estimó entonces que sus sucesivos testimonios eran "confusos y contradictorios" y que algunas de sus declaraciones "chocaban frontalmente" con las de otras personas, según consta en el sumario de la Operación Arcano desarrollado en 2009 y 2010.
Pablo P. S. siempre rechazó en sus declaraciones haberse cruzado con Déborah en su coche, donde se le perdió la pista a la joven, en un lugar conocido como la curva de Alcabre y aseguró que llegó unos 10 minutos tarde a un partido de fútbol en el club de campo porque se había olvidado el reloj y que tras el partido, y antes de volver al club para una cena, fue a ducharse a casa. Sobre estas declaraciones los policías apreciaron contradicciones en lo manifestado por el joven y por su padre. Por eso el acta arbitral será fundamental para establecer al joven en un lugar diferente a donde desapareció Déborah.
El excuñado y dos amigos de la víctima han declarado ahora ante la jueza que "el exnovio telefoneó la noche de la desaparición de Déborah para preguntar por ella, lo que les causó extrañeza y que al día siguiente lo acompañaron a su casa para ver si estaba allí la joven y él quiso entrar solo no dejándolos pasar, algo que siempre negó el exnovio".