El Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino (Huelva) ha admitido a trámite la petición realizada por Miguel Rivera, abogado defensor de Bernardo Montoya, en prisión preventiva por la muerte de la joven zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva), para su puesta en libertad provisional. El abogado ha informado a la agencia Efe de que esta misma mañana le ha llegado del juzgado la confirmación de la admisión de dicha solicitud realizada la semana pasada.
A partir de este momento, ha explicado, la petición será trasladada en los próximos días a la Fiscalía y a la acusación particular para que presente alegaciones y, posteriormente, decidirá la titular del juzgado. La petición se basa, principalmente, en el hecho de que no se cuenta con el audio de la primera declaración judicial de su cliente en la que se inculpaba de la muerte de la joven y ello debido a que la falta de conexión del cable al equipo informático impidió que se pudiera llevar a efecto la grabación.
Según la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, así como en distintos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Rivera asegura que "la transcripción de esa declaración -que es con lo que se cuenta- es válida para agilizar y facilitar consultas pero no como medio de prueba, para ello, solo se reconoce el soporte digital o multimedia".
Esto implica, ha añadido, que «la primera declaración es como si no existiera y que mi cliente está en prisión sin ser oído», máxime cuando en la segunda declaración de principios de abril «negó su autoría y reiteró su inocencia», culpando a una exnovia de la muerte de Laura Luelmo, tal como publicó elcierredigital.com.
Por otra parte, ha informado de que su defendido seguirá en régimen de aislamiento en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) ya que, si bien él mismo le planteó la posibilidad de que solicitara el cambió a régimen normal "asegura que tiene miedo de poder ser agredido".
"No saldrá"
A pesar de estas informaciones, fuentes jurídicas consultadas por elcierredigital.com sostienen que "si cada vez que falla algo técnico en un juzgado no valieran las declaraciones tendríamos cientos de procedimientos colapsados, es prácticamente imposible que este acusado salga de prisión por algo tan nimio, que no llega a ser ni un defecto de forma, ya que el secretario del juzgado tomó nota de todo lo que dijo y esa es la declaración que él firma in situ. Imagínense que hace años no existían las grabaciones en los juzgados y se toman las declaraciones igualmente a mano, tan válidas como las grabadas".