Salta la alarma ante la situación que viven los funcionarios de las prisiones que se encuentran trabajando en un periodo de formación, a los que no se les administra el material adecuado para llevar a cabo su trabajo en los centro penitenciarios. 

Los empleados en el periodo de prácticas tuteladas, ejercen todo tipo de servicios comunes de los funcionarios de prisión, es decir, los correspondientes a cacheos  y requisa, tanto de los apresados internos como de las instalaciones, de las celdas, pertenencias, y demás labores de asistencia penitenciaria. 

La problemática reside en que a muchos de estos trabajadores no se les ha proporcionado el EPI adecuado, es decir, se les ha privado de los guantes homologados para realizar sus funciones. Estos guantes, presentan unas características concretas que les protegen del riesgo de accidente biológico. 

Sin el material homologado, su seguridad personal está en juego

A pesar de no haberles proporcionado estos guantes, el personal en formación sí que ha realizado estas funciones de cacheo y requisa: Han llevado a cabo las actividades que obligatoriamente hay que realizar con estos guantes homologados, pero sin ellos.

En su lugar, les han facilitado o bien material descatalogado, que no cumple con las condiciones para garantizar seguridad ante los cortes, o directamente han aludido a que “para tener algo de sensibilidad en los dedos, mejor utilizar guantes de látex o de plástico, los que tenemos para la fruta en el supermercado. Este material protegen ante la suciedad, sí, pero no ante las lesiones de los empleados", explica a elcierredigital.com Joaquín Leiva el portavoz de ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).

Existe un riesgo latente a la hora de que estos trabajadores desempeñen sus funciones, ya que a la hora de requisar las pertenencias de un interno, se corre el peligro de que se de un corte o un pinchazo, con jeringuillas, cuchillas, o incluso con agujas.

Funcionario de prisiones.

Se da el caso de los rasguños especialmente peligrosos con herramientas prohibidas que fabrican los propios internos, como son los instrumentos artesanales, pueden llegar a tener restos de sangre. Los funcionarios se exponen ante un riesgo de infección grave que pueda derivar a enfermedades como el VIH o la Hepatitis B. Además, los funcionarios en prácticas no han sido vacunados todavía contra la Hepatitis B, por lo que el riesgo aquí es mayor. 

Los trabajadores que se encuentran fijos en los centros penitenciarios, sí están vacunados de la Hepatitis B en el programa de prevención, pero los que se encuentran en prácticas no, porque no han iniciado todavía ese protocolo de vacunación. 

Los funcionarios en prácticas corren un doble peligro, pues no disponen ni del EPI adecuado ni de la vacuna que les protege. Los guantes homologados que no les suministran, evitan el riesgo ante estos pinchazos y cortes, y sin ellos, están poniendo en riesgo la salud y la seguridad de los empleados en prácticas.

"Cuando un funcionario tiene un accidente biológico de esta magnitud, lo primero que le pregunta el personal sanitario es si llevaba los guantes homologados en el momento que estaba realizando su función", comenta el portavoz de ACAIP. En cambio, al personal al que se le está enseñando para el oficio, les dejan desamparados ante este equipo de protección adecuado.

Por lo cual, no van a aprender realmente a la correcta utilización del equipo y desempeño del trabajo al que se les está preparando, abandonando a su suerte su seguridad laboral.