En la Ciudad de la Justicia de Las Palmas, un menor de 16 años declaró ante la titular del Juzgado de Menores número 2 por una supuesta agresión a su madre. Después de su declaración, se decretó que el joven fuera internado en régimen cerrado de forma cautelar. Esta medida es similar a una prisión provisional en adultos.

El origen de este caso estuvo en la llamada de una mujer a la Policía Nacional asegurando que su hijo la había agredido sexualmente. Según la madre, el joven la penetró vaginalmente. Sin embargo, cuando el menor compareció ante el juez afirmó que no recordaba nada de lo que había pasado. Presuntamente, había consumido alguna sustancia estupefaciente.

Tras haber pasado una noche en el centro grancanario de La Montañeta y haber completado los protocolos Covid, este joven ha sido trasladado a las instalaciones de Valle Tabares en Tenerife, el único centro con régimen cerrado en las Islas Canarias.

Ciudad de la Justicia de Las palmas de Gran Canaria

La medida cautelar de internamiento terapéutico se ha tomado por varios indicios. La víctima de la agresión, en este caso su madre, podría estar en peligro si este joven está en libertad a lo que se suma el riesgo de fuga. Y aunque se han tenido en cuenta las circunstancias personales del menor que ha alegado estar bajo los efectos de alguna droga, la calificación del delito como muy grave justifica el internamiento en régimen cerrado.

El caso va a ser estudiado como un delito de agresión sexual con penetración y de bido a la gravedad de las consecuencias a las que podría enfrentarse, el Fiscal de la sección de Menores ha activado el protocolo anti-suicidio para evitar que el menor de 16 años pudiera atentar contra su propia vida. 

Aumento de los delitos sexuales en menores

En los últimos meses ha aumentado el número de menores involucrados en delitos de abusos y agresiones sexuales, así como los relacionados con la violencia de género. Por otra parte, la franja de edad de los menores investigados por estos delitos ha disminuido.

Esta tendencia ha venido observándose en los últimos años. Así, el INE, en su informe de septiembre de 2020, cuantificó en 416 el número de menores de edad que habían sido inculpados por delitos de carácter sexual durante el año 2019. Estos datos suponen un aumento del 28,8% respecto al año anterior.

Ante esta evidencia, desde la Fiscalía se ha solicitado a los poderes públicos y educativos el fomento de la educación sexual. Alegan que los jóvenes están recibiendo las enseñanzas del visionado de la pornografía lo que les hace tener unas premisas equivocadas que conllevan un comportamiento negativo. Otra cuestión a la que hacen referencia es la vinculación existente entre este tipo de actuación y el consumo de drogas y alcohol, por lo que también solicitan un mayor control del acceso por parte de los jóvenes a estas sustancias.