Este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunciaba su pretensión de hacer cambios en la Ley de Seguridad Social que afectarán a quienes cotizan a las mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en concreto a los procuradores y abogados mutualistas.
Después de años de lucha para que se apruebe su 'pasarela' al RETA debido a sus bajas pensiones –inferiores a las mínimas del sistema–, este colectivo levanta la voz una vez más ante la comparecencia en el Senado de Saiz. La ministra ha puntualizado que esta 'pasarela' que solicitan solo será aplicada a mutualistas inscritos como tal “con anterioridad a 1996 en situación actual de vulnerabilidad”.
Ante estas palabras, el colectivo de abogados, procuradores afectados por el mutualismo alternativo e integrantes de Movimiento J2, Venia, Anama, Marea Negra han difundido un comunicado "unidos en el objetivo común de obtener la 'pasarela' al RETA de forma general".
Tras el anuncio de la ministra Saiz, han querido expresar "profundo malestar" con sus declaraciones, que han ocasionado "gran inquietud entre nuestros colectivos".
Abogados y procuradores contra las medidas del Ministerio
1) Es necesario que la pasarela al reta incluya a todos los afectados. El sistema de capitalización que ofrece el mutualismo alternativo es ineficaz, caduco y fallido y no ha cumplido con lo previsto en la Disposición Adicional 18 y 19 de la Ley General de la Seguridad Social. El Estado ha fallado en su deber de vigilancia y no puede dejar a ningún profesional desamparado.
2) Excluir de la pasarela a todos los afectados incorporados entre 1996 y 2026, y condicionar la pensión de jubilación a cumplir un requisito de vulnerabilidad, es contrario a lo dispuesto en el art. 50 de la Constitución Española. El sistema es ineficaz para todos.
Procuradores y abogados mutualistas en una manifestación por sus derechos.
3) Se establece la obligatoriedad de la adscripción al RETA para las nuevas altas a partir de 2027, de forma que los nuevos colegiados corren el riesgo de que, desde ahora hasta esa fecha, las Mutualidades pueden continuar captando mutualistas, como régimen alternativo, pese al tremendo problema que la escasez en cuanto a prestaciones que eso les supondrá. Por ello es inaceptable que, si va a extinguirse la alternatividad, otros compañeros puedan quedar cautivos en un régimen que ha demostrado carecer de eficacia como sistema de previsión social.
4) Las mutualidades deberían garantizar obligatoriamente las coberturas, independientemente de las cuotas. El incremento de las cuotas del 80% al 100% de la base mínima de la escala general del Régimen de Autónomos, sin garantizar las prestaciones, supone la máxima desprotección por el Estado, además de un agravio comparativo con el resto de ciudadanos: se pagará más a las mutualidades, que podrán gestionar este dinero de forma privada sin garantizar ninguna cobertura. Y aunque se ampliaran, un sistema de capitalización individual nunca puede ofrecer el mismo nivel de cobertura a igual nivel de cotización.
En definitiva, recalcan, "necesitamos que el Estado solucione nuestro pase al RETA de forma urgente para ambos colectivos, con nuestros fondos, alternativos o complementarios, atrapados en alguna de las tres mutualidades causantes del problema ALTERMUTUA, MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA Y MUTUALIDAD DE PROCURADORES, y en unas condiciones que reconozcan tanto nuestro esfuerzo económico, traspasando la totalidad de nuestras participaciones en el patrimonio mutual, como todos los años cotizados, y la falta o deficiente cobertura de contingencias sufrida hasta hoy por los mutualistas a la hora de diseñar las condiciones de paso al sistema público".
Además reivindican una vez más: "Los afectados debemos ser escuchados en la redacción de la Ley y en su desarrollo. No nos vale cualquier solución. Nadie debe quedar desamparado. Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas legales y de presión necesarias para lograr que nuestros intereses sean reconocidos y nuestros derechos respetados. Esperemos no vernos defraudados por el Estado de Derecho".