Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), declaró este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para afirmar que no tuvo nada que ver con los contratos presuntamente fraudulentos por los que se le investiga, dado que "no era su labor dedicarse a esos asuntos". Villar echó así balones fuera y declinó la responsabilidad asegurando que "esos temas" se llevaban desde la Secretaría General de la Federación.
Villar está acusado por su presunta intervención en los pagos a cuenta de la Federación por servicios inexistentes, que no se correspondían con la realidad. Se trata de una práctica que los investigadores policiales sitúan que se realizó al menos desde 1999. La vista del jueves fue para ampliar el testimonio que ya prestó el 21 de julio de 2017, después de ser detenido. El expresidente de la Real Federación declaró así en el marco de la operación Soule, un caso por el que fue detenido junto a su hijo Gorka Villar en el año 2017.
En libertad con mediadas cautelares
El expresidente de la RFEF se encuentra actualmente en libertad, con una serie de medidas cautelares impuestas, mientras es investigado por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. A Villar y su hijo se les acusa de firmar presuntos contratos ficticios, a sabiendas de que ninguno de ellos era real.
El interrogatorio del jueves ha transcurrido en relación a los pagos recibidos por el extesorero de la Federación, Adolfo Gil de la Serna, que entre 1999 y 2018 habría percibido 283.246 euros y por Julio Pérez Tomé, exasesor de Villar, que se habría embolsado entre 2009 y 2016 al menos 200.000 euros, justificados en contratos presuntamente inexistentes.
Ángel María Villar y Miguel Cardenal | Europa Press
Por otro lado, la subvención que recibió la Federación Cántabra de Fútbol para la remodelación del Campo de Santa Ana, en la localidad de Tanos también está siendo objeto de investigación. Debido a esto el juez Santiago Pedraz ha citado como testigo para el mes de abril al exsecretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que ostentaba el cargo político en el ministerio cuando se concedió esa ayuda pública.
Al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol alegó que la firma de este tipo de contratos dependía de la Secretaría General de la RFEF y de la Comisión Económica. Que "no eran su responsabilidad directa, pues como presidente, no estaba en este asunto ni conocía los detalles".
A Ángel María Villar se le imputan los pagos al hijo del presidente de la Federación Melillense de Fútbol, Diego Martínez, que habría resultado beneficiado con más de 100.000 euros entre 2012 y 2016, también con base en una aparente contratación de servicios acordada en las oficinas centrales de la aseguradora de futbolistas Mupresfe, cuando él la presidía y a cuenta de la RFEF.
Martínez, que estaba citado media hora antes de Villar, afirmó que aquellos dos contratos por servicios informáticos fueron legales y detalló ante el juez las condiciones en que se firmaron y recibió la retribución.