La llegada de un vuelo con 200 inmigrantes irregulares que ha llegado al aeropuerto de Granada procedente de Canarias ha levantado ampollas entre la clase política andaluza. El Gobierno de Pedro Sánchez organizó el vuelo sin comunicárselo a la Junta de Andalucía.
"Tendrán que comer, dormir, asearse, guarecerse y no nos dicen nada", explica con enfado un político granadino consultado por El Cierre Digital. La misma opinión tiene el vicepresidente del Ejecutivo andaluz Juan Marín, que ha denunciado la "deslealtad" del Gobierno central.
Marín asegura que Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta, ha intentado obtener información sobre el vuelo "por escrito, por correo electrónico y por llamada". Pero la delegada del Gobierno, Sandra García, no le habría ofrecido "ninguna información, ni una sola respuesta".
El vicepresidente ha recordado el cierre perimetral decretado por el Gobierno autonómico y añadió en Canal Sur: "Desconocemos con qué autorizaciones han venido estas personas a Andalucía, vengan de donde vengan y sean quienes sean". El barón andaluz de Ciudadanos acusa al Gobierno de España liderado por sus exsocios del PSOE de comportarse hacia la Junta "con una deslealtad absoluta en todos los términos y ámbitos, desde hace mucho tiempo".
Luis Salvador, alcalde de Ciudadanos en Granada, dice que "no parece muy normal que, en una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento, el ministro Fernando Grande-Marlaska monte un vuelo o mande inmigrantes al interior de la península y los suelte en Granada, como los ha podido dejar en otro sitio, y los deje a su libre albedrío".
"Me parece que tendrá que responder de esto en el Congreso de los Diputados y elevaremos una queja desde el Ayuntamiento de Granada", añade molesto este exsocialista.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) asegura que vuelos similares han aterrizado en Málaga o Sevilla. Y el Gobierno central guarda silencio unos días después de que sus socios protestasen por la política migratoria de Sánchez.
Enrique Santiago, del PCE, aseguró que Canarias estaba "en unos índices de llegada de inmigración inferiores a los del año 2019", y ha pedido que se agilicen los traslados a la Península de las personas migrantes que llegan a Canarias, que se convertiría en zona de tránsito en vez de destino.
El líder del PCE también pidió "priorizar la atención a las personas más vulnerables y hacer una buena detección de aquellos casos de supuestos de persecución para la correcta aplicación de la legislación internacional en materia de protección".
Ley de extranjería
Algunos diputados de Unidas Podemos como el propio Santiago o Meri Pita también incidieron hace unos días en la necesidad de explorar absolutamente todas las vías legales para hacer frente a la atención de las personas migrantes (por ejemplo, el Reglamento de la actual Ley de Extranjería).
Y el PCE también hace unos días la sentencia del Constitucional que avala la constitucionalidad de la Ley Orgánica Seguridad Ciudadana (LOPSC), "una norma que supuso un grave retroceso en el régimen de derechos y libertades en España y que debe ser derogada, tal y como está contemplado en el acuerdo de legislatura entre Unidas Podemos y el PSOE", aseguran.