Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a estar en el foco de la información por procedimientos judiciales. Este empresario ha llegado a ser condenado a tres años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio en 2011. Sin embargo, consiguió el indulto porque las obras no incumplían las normas urbanísticas. Tal fue el cambio en el proceso judicial, que finalmente las obras por las que había sido condenado se llevaron a cabo en 2017. Casi un año después de la construcción, prescribió definitivamente la condena.
Su llegada a la presidencia de la Unión Deportiva Las Palmas tuvo lugar en 2005. Cuando cogió el puesto de mando, el club canario se encontraba en Segunda B y estaba intervenido judicialmente por una deuda de 72 millones de euros. Durante sus años de gestión ha conseguido solucionar la situación económica y en lo deportivo ha llevado al club a la máxima categoría del fútbol español. Esta temporada se encuentra en segunda división con una de las plantillas más completas de la competición. A ver si son capaces de retornar a la primera división.
Sin embargo, lo que ha convertido al presidente de Unión Deportiva Las Palmas en noticia han sido las causas judiciales a las que tiene que hacer frente. Este pasado lunes, a través de tres autos del Juzgado número 8 de Las Palmas, ha conocido la situación en la que se encuentran los diferentes casos de los que está pendiente.
El primero de ellos ha sido el sobreseimiento de una querella contra la entidad Ralon Servicios y contra los administradores de la sociedad por supuestos delitos contra la Hacienda Pública.
Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas
El motivo del archivo de la causa ha sido un cálculo erróneo que daba como resultado dos cantidades, 170.924 euros en 2015 y 134.860 euros en 2016, constitutivas de delito. Sin embargo, en estas sumas se habían incluido indemnizaciones que deben quedar exentas, sin las cuales, la suma total era inferior a 120.000 euros. Con la documentación aportada por la defensa de Miguel Ángel Ramírez y del resto de administradores de Ralons, quedó demostrada que la cuantía era inferior a la mínima necesaria para que se trate de un hecho criminal -los 120.000 euros-, por tanto no procedía que se continuase con el caso.
Por otra parte, este mismo lunes también se ha sabido de una querella interpuesta contra Ramírez y otras personas, por un presunto delito contra la Seguridad Social con las empresas Sinergias de Vigilancia y Novo Segur Seguridad. La querella se motiva en unos escritos de la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria que muestran una deuda de 172.464,76 euros con la Seguridad Social de estas empresas. El proceso para la resolución del caso ya ha comenzado.
El tercer y último auto que se ha conocido este lunes establece una reducción de la fianza impuesta al empresario por un proceso abierto también relacionado con presunto fraude a la Seguridad Social. Al haberse sobreseído uno de los procedimientos la cifra de fianza debería disminuir. Lo importante para el empresario es saber cuánto le queda por pagar, ya que de los 50.000.000 euros primeros ya había depositado 13.900.000.