El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, donde se juzgó el caso, que le remita de forma "urgente" las actuaciones judiciales al objeto de "instruir el correspondiente expediente administrativo", como consta en un documento, al que tuvo acceso en exclusiva Huelva Información, para dilucidar si Francisco Javier Medina tiene razón o no en su petición indemnizatoria.
Así, el ministerio pide a la Sala que le envíe los autos "de detención, de ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, de puesta en libertad, sentencia absolutoria, declaración de su firmeza", además de aquellas actuaciones las llevadas a cabo sobre la anulación de las medidas cautelares acordadas "respecto a la reclamante", la madre y mujer de las víctimas, Marianela Olmedo, "y la pieza separada de situación personal" de Francisco Medina.
Medina podría aspirar a un máximo de 57 euros por cada uno de los días que pasó privado de libertad. Las matemáticas dicen que los 1.197 días que pasó en prisión podrían devengarle 68.229 euros.
Medina durante el juicio.
Francisco Medina se acoge así a una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en junio de 2019, en la que estimaba que todos los presos preventivos que queden finalmente absueltos deben recibir una indemnización del Estado sin que sean relevantes las causas de su exculpación. Pero esta interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no tiene carácter retroactivo, y hay que recordar que la sentencia absolutoria firme de Francisco Javier Medina data de diciembre de 2018. Por tanto, es complicado que se aplique la retroactividad de la medida del Constitucional.
Aníbal Domínguez, tío y hermano de las víctimas dice a elcierredigital que "esperemos que el ministerio de Justicia le deniegue la petición, porque para nosotros sería tremendo, pagar con dinero de todos, porque las indemnizaciones del Estado salen de nuestros impuestos, nos parecería esperpéntico".
La acusación contra Medina no carecía de base, ya que todos los indicios apuntaban a su autoría en el atentado de la Guardia Civil y, no parece que su ingreso en prisión careciese de fundamento entonces. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuando ratificó la sentencia absolutoria dijo que "con tales indicios habría sido posible un veredicto de culpabilidad que no podría haber sido combatido".
Aníbal Domínguez añade que "nos parecería un carnaval del propio sistema que sí que no reparó en condenarnos a unas costas judiciales y esperamos no tener que sufrir una nueva ofensa".