La Dirección General de la Guardia Civil, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria están actuando en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares para obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales por un fondo de inversión que compraba derechos de jugadores profesionales de fútbol.
La operación está bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado la realización de varios registros en domicilios y como requerimientos de documentación a múltiples sociedades.
La investigación se inició a principios del año pasado centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión constituido en el año 2011 con sede en Malta. Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.
El fondoe de inversión compraba derechos de futbolistas en progresión.
Los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España siempre por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de nuestro país, para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos.
Las actividades de este fondo, ya cerrado, consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol, pero además financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados. Junto a estas dos personas hay otros tres investigados y varias decenas de personas llamadas como testigos.
Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de cinco millones de euros. Se ha solicitado la colaboración de varios países para rastrear el destino de ese dinero.