Así lo ha explicado Agapito Hermes de Dios, comisario jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional, en el curso de verano de la Universidad Complutense organizado por la Fundación Policía Española.
El comisario destacó que "el impulso tan tremendo que los delitos cometidos en la red están experimentando día a día en los últimos años, ha obligado a hacer un esfuerzo de readaptación y reorganización a la Policía para poder hacerles frente".
"El uso que los delincuentes están haciendo de este medio se ha multiplicado de forma exponencial en los últimos años y sobre todo desde la pandemia del COVID-19", recalcó Hermes de Dios.
Entre los delitos que "se cometen ahora habitualmente a través de la red" destacan, entre otros, el blanqueo de capitales, las extorsiones, las amenazas y los fraudes, según contó el responsable policial.
Sin embargo, subrayó que "el más preocupante de entre todos los delitos contra las personas en la red, es la pornografía infantil, la pedofilia; es el más peliagudo y al que prestamos mayor atención ya que tiene como víctimas a los menores".
El comisario advirtió que "ha crecido muchísimo el acoso sexual a menores a través de la red por adultos que utilizan perfiles falsos para obtener material pornográfico de ellos tras ganarse su confianza”. “Desde el inicio del periodo de confinamiento por el COVID hemos constatado un aumento cuantitativo enorme de la distribución de material pedófilo en la red y comentarios entre los pedófilos de que no van a tener una oportunidad tan buena como esta para distribuirlo y para interactuar entre ellos", narró.
Persona viendo a niños en internet.
Agapito Hermes de Dios explicó que "la ciberdelincuencia ya produce más beneficio económico para los delincuentes que el narcotráfico y que la trata. Nos enfrentamos a una cruda realidad, que los ciberdelitos están experimentando en los últimos tiempos un incremento anual de entre el 25 y el 35 por ciento y, dentro de este crecimiento, el fraude informático supone el 80 por ciento", dijo.
Ciberdelitos
Sobre este asunto, el comisario aseguró que se está produciendo "un cambio de tendencia de la criminalidad pues al mismo tiempo que se desarrollan los delitos tecnológicos, especialmente los que afectan al patrimonio, se produce un descenso de los delitos tradicionales, como robos de coches y en pisos”.
“Últimamente están teniendo enorme incidencia en España y en Europa, tanto en organismos públicos como en el sector privado, los secuestros virtuales a través de virus que bloquean los archivos de las víctimas a las que solicitan un rescate a cambio de recuperarlos", indicó el comisario.
Ante la dificultad de localizar a los autores de estos delitos se aconseja a empresarios y a quienes tengan responsabilidades en este campo que inviertan en todo tipo de medidas de protección informática "porque cada vez esto va a ser mucho más frecuente".
Asimismo, recordó que los fraudes informáticos y las estafas a través de la red ya suponen el 90 por ciento de los delitos denunciados y destacó, por su crecimiento exponencial, la técnica que consiste en duplicar la tarjeta SIM de los clientes de las empresas de telefonía móvil para controlar la línea como si fueran los titulares y entrar en las cuentas del banco de la víctima.
En el curso también participó Carlos Gajero Grande, comisario jefe de la Unidad Central de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que quiso evidenciar la amenaza que supone la desinformación en la red. "Es un reto que nos hemos marcado por la relevancia que tiene en cuanto a que se utiliza el ciberespacio para atacar a estructuras políticas, sociales y económicas con unas consecuencias verdaderamente relevantes".
Gajero recordó que según el Centro Criptológico Nacional, España sufre diariamente una media de tres ciberataques de peligrosidad crítica o muy alta contra el sector público y empresas estratégicas.
Y añadió que "el propósito es comprometer la capacidad económica, tecnológica o política de España, generar cuantiosas pérdidas económicas a las empresas españolas o comprometer el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales".