La Fiscalía de Baleares ha ordenado el 10 de junio a la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de las islas desalojar a los okupas sin orden judicial previa. El fiscal Bartolomé Barceló ha emitido una orden de cinco folios en la que pide a las fuerzas del orden actuar "directamente y de forma inmediata" sobre los okupas de casas habitadas y segundas residencias, desalojándolos sin necesidad de solicitar medidas judiciales.
Los agentes se abstendrán de desocupar las casas por la fuerza, sólo cuando existan dudas "de la naturaleza delictiva de la conducta realizada en los casos de ocupación de inmuebles". En ese caso se solicitará la orden de un juez. Además, cuando los okupas sean personas en riesgo de exclusión social se dará cuenta a los servicios sociales "para que no queden desamparados".
La Policía en un edificio okupado de Palma.
La orden llega en un momento, previo a la campaña veraniega, cuando se ha detectado un grave problema por la ocupación ilegal de casas tanto en Mallorca como en algunas zonas de Ibiza. Barceló explica en su orden que "al no haber una respuesta jurídica uniforme se hace necesario establecer unos criterios de actuación atendiendo los intereses que hay en conflicto".
Orden emitida por la Fiscalía de Baleares.
En la orden el Fiscal reconoce "situaciones reales pero diferentes, en función de si se trata de un inmueble ocupado por su titular o uno desocupado". En el caso que las viviendas sean primera o segunda residencia de un particular los agentes deberán desalojar y detener a los okupas, sin orden judicial previa. En este caso se encontraba una vecina de Palma de Mallorca que regresó de vacaciones y se encontró su casa ocupada y cuando llamó a la Policía le dijeron que tenía que denunciar antes en el Juzgado.
La Fiscalía distingue entre los inmuebles ocupados ilegalmente por una persona jurídica o establecimiento público y la ocupación ilegal de casas desocupadas por su titular, además de personas en situación de desamparo. Además, el Fiscal advierte que durante el desalojo se instruirá "el correspondiente atestado en el que se incluirán aquellas otra conductas que puedan ser constitutivas de otros hechos delictivos".
Si esta medida se populariza entre otros fiscales supondría que los agentes de la autoridad en toda España puedan ejecutar desahucios de manera discrecional.