Ningún Gobierno ha derogado la Ley que permite al Rey recibir desde 1982 donaciones ilimitadas para uso personal

El Gobierno de UCD legalizó en 1982, a través de la Ley Reguladora del Patrimonio Nacional, “las donaciones hechas al Estado a través del Rey”. El PSOE lo respaldó con un reglamento en 1987. La donación debía engrosar el inventario del Patrimonio Nacional. No se fijaba cuándo ni cómo. Pero lo más grave es que no ponía ningún condicionante a tales donaciones hechas al Rey y, a continuación, por el monarca a Patrimonio.

No exigía que un filtro gubernativo velase por la buena reputación del donante (gobernante, político o empresario) ni por su cuantía. A tenor de la letra legal, el Rey podía aceptar una donación de un dictador o de un financiero dudoso. La ley tampoco establecía qué tipo de donaciones podían o no admitirse: monetarias, inmuebles, vehículos... La ley sigue vigente bajo Felipe VI, con total tolerancia del actual gobierno y de todos los anteriores.

La ley plasmó que “los bienes y derechos del Patrimonio Nacional están afectados primordialmente al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las Leyes les atribuyen”. Por tanto, si el rey hacía caja a favor de Patrimonio Nacional, vía donaciones, acababa siendo beneficiario de las mismas.

La clase política se echa ahora las manos a la cabeza de cuantas donaciones han aflorado del rey Juan Carlos I durante su reinado. Pero la mayoría encajan perfectamente en dicha normativa legal. Una perfecta coartada. La historia lo demuestra. El rey Hussein de Jordania regaló el Palacio de la Mareta al Rey de España el 22 de junio de 1989. Y se incorporó a Patrimonio Nacional el 18 de julio de ese mismo año en aplicación de la ley que regula las donaciones al Estado a través del Rey.

Nadie cuestionó nunca a cambio de qué hizo tal regalo el monarca jordano, ni su valor (más de 30.000 metros cuadrados en la costa tinerfeña). El monarca donó el palacio a Patrimonio, pero lo usó la familia real durante años. Desde 1992 también fue utilizada para invitaciones a dignatarios políticos extranjeros como Gorbachov, Kohl, Havel… y también para descanso de políticos como Aznar, Rato, Rodríguez Zapatero y recientemente Sánchez.

Este último, que juzga vergonzosas las actuaciones del emérito, lo hizo después de que en 2015 el Gobierno del PP, “por expreso deseo de Su Majestad El Rey”, acordara con Patrimonio Nacional la utilización de la Mareta para “la promoción y la defensa de los intereses turísticos de nuestro país". Así, se podrá usar "para el establecimiento o refuerzo de lazos bilaterales o multilaterales con otros países u organizaciones en materia turística". El Ejecutivo compensaría a Patrimonio Nacional por los días de utilización en concepto de costes.

Sánchez acaso entendió que pasar las navidades de 2018 allí con su familia cumplía tales fines de promocionar el turismo canario y por ello estaban justificadas las inversiones estatales de más de 30.000 euros en reacondicionar La Mareta. Repitió Sánchez en agosto de 2020: nada mejor que un palacio donado al emérito para veranear, aunque su fiscalía ya investigaba todos los regalos recibidos por Juan Carlos I.

Los regalos de los árabes

En 2011, Emiratos Árabes regaló dos Ferrari al Rey Juan Carlos I. Prueba de que se integraron en las arcas de Patrimonio Nacional es que ya en 2015 intentó dicho organismo subastarlos por 695.000 euros, pero sólo logró venderlos en 2017 por 443.000 euros. Nadie cuestionó en 2011 a cambio de qué recibió el rey tal donación consentida y rentabilizada por Patrimonio. Naturalmente, hasta su venta, el rey pudo usarlos porque los bienes de Patrimonio Nacional, por ley, tenían como fin primordial su uso por la corona.

Otro ejemplo de lo que esta laxa normativa permitía lo ofrece el Fortuna III, yate que 25 financieros y hoteleros de Mallorca regalaron en 2000 a Juan Carlos I. Cuando el monarca decidió dejar de usarlo en 2013, los donantes exigieron su devolución. “La donación del Fortuna fue una donación finalista, para uso del Rey y la familia real”, explicó un portavoz de los mecenas reales. Los donantes sabían que el sistema legal permitía que el rey obtuviese cuantiosos regalos, so pretexto de que eran para el Estado, y que los disfrutase hasta que lo desease.

La casa real pidió que el Fortuna III pasase de propiedad de Patrimonio Nacional, cuyos bienes usa el rey, a Patrimonio del Estado. El Gobierno devolvió el yate a los donantes. Asumió su argumento: el yate era un regalo finalista. “Consultada la Abogacía General del Estado al respecto, ha manifestado que procede la devolución, al ser aquélla una donación modal, condicionada a que dicho bien fuera de uso y disfrute de S.M. el Rey y los miembros de la Real Familia. En cualquier caso, dicha devolución requiere la previa desafectación de la embarcación del Patrimonio Nacional”. La actuación dejaba a las claras que el Gobierno admitía que un regalo de tal valor no era un regalo al Estado. ¿Si era un regalo personal por qué se integró en Patrimonio Nacional, que costeó años su mantenimiento y tripulación?

Curiosamente, cuando el PP desafecta el Fortuna III describe todos sus detalles. Y los cierra así: “Uso: Privado exclusivamente”. Un yate de uso privado que utiliza el jefe del Estado y mantiene el Estado. El Fortuna II, donado por el rey de Arabia a Juan Carlos I en 1979, siguió un rumbo parecido: lo usó Juan Carlos I durante años y cuando hacía aguas por su mal estado lo malvendió Patrimonio.

Distinto es el caso de los 100 millones de dólares que dona el rey de Arabia Saudí en agosto de 2008 al rey Juan Carlos I. Esta donación no la integra a las arcas de Patrimonio Nacional. El dinero salió del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y acabó en la cuenta de una fundación panameña que tenía como último beneficiario al Rey emérito. Esto quita cobertura legal a tal donación, a diferencia de las anteriores. Pero si los hubiera ingresado en Patrimonio se habría producido un problema legal mayúsculo: ¿podría el rey usar personalmente dicho fondo multimillonario como todos los demás bienes donados? ¿Bajo qué base legal podría haberse rechazado si no había normas ni límites?

Pero no lo hizo. Y el monarca se enfrenta a dos problemas: debió tributar por tal regalo y se somete al juicio de la sospecha. ¿Por qué alguien hace un regalo así a un monarca? Unos ponen el acento en que se produce a los siete días de que el BOE publicara un acuerdo estratégico de colaboración con Riad y tres semanas después de que se celebrara en Madrid una conferencia de Diálogo Interreligioso que presentó el régimen saudí como un país tolerante. Todo es hipótesis y conjetura. No es fácil probar el carácter finalista de una donación. Hacen falta arrepentidos, emails, grabaciones, documentos que prueben las conexiones. No es suficiente la mera coincidencia de fechas. Puede bastar para el periodismo, no para la justicia.

Pero hay otra versión que no aligera la culpa fiscal y ética del emérito. Fuentes del entorno real plantean que en realidad los 100 millones de dólares eran el regalo a un rey enamorado que precisaba cimentar unas finanzas paralelas para una futura vida con su amada: Corinna. El rey Abdulá Bin Abdulaziz ya sabía el valor sentimental de Corinna para Juan Carlos I. Middle East Times International: "El príncipe saudí recibió en 2007 a la princesa Corinna, amiga muy cercana de don Juan Carlos, como representante del rey".

En mayo de 2008, en gira oficial por diversos países del Golfo, Juan Carlos I visitó Arabia Saudí. El rey Abdulá le ofreció una cena en su palacio. Al día siguiente, Juan Carlos I mantuvo un encuentro en la ciudad de Jedda con el monarca saudí. Posteriormente asistió a un almuerzo ofrecido por el gobernador de la región de la Meca, Khaled bin Faisal bin Abdulazia Al-Saud en el Palacio de Jedda. El viaje dio sus frutos diplomáticos. El 27 de mayo se firmó en Jedda un convenio de traslado de personas condenadas a penas privativas de libertad y, días antes, otro en Madrid sobre cooperación en materia de defensa. Los regalos políticos eran mutuos entre ambos estados y entre los dos amigos monarcas.

Las comisiones del AVE

Juan Carlos I podía hacer cualquier cosa por su amigo Abdulá y viceversa. 100 millones de dólares era un regalo que el monarca saudí podía permitirse para reforzar una amistad tan valiosa. El rey español tampoco precisaba tal dinero para ayudar a Arabia, cuya ayuda estratégica contra el islamismo radical era imprescindible tras el 11M. Prueba de que el amor estaba en el aire es que la mayor parte de esa donación acabó en manos de Corinna. El rey podía tener mil testaferros para disimular la donación sine die. Pero eligió transferir la mayor parte a su amante en 2012. Nada menos que 65 millones de dólares. Un terrible riesgo sentimental y jurídico. Luego llegó el despecho, el foco mediático y fiscal, las extorsiones, las grabaciones…La otra cara del amor.

 La trituradora mediática y política ha puesto en solfa todas las donaciones del rey Juan Carlos I y culpa al sistema de que no pueda ser juzgado por ser inviolable. Pero omite que todos los gobiernos, desde 1982, bendijeron que el rey recibiera donaciones sin límites y las ingresara la caja del Estado. Y ahí se generó una espiral terrible. ¿Cuándo es ilegal una donación al rey? ¿Sólo si no la integra en el Patrimonio Nacional? ¿Cuántas donaciones ha recibido en sus años de reinado? ¿Los directivos de Patrimonio Nacional han verificado el origen y la justificación de cada una? ¿Han reprobado o rechazado alguna?

El Estado creó un monstruo jurídico cuando blanqueó que el rey pudiese recibir donaciones so pretexto de que tenían por destino final el Patrimonio Nacional. Habría sido simple establecer cláusulas para frenar tal reguero de regalos desmedidos: el Rey no podrá aceptar donaciones que no sean meros obsequios de cortesía. Cualquier otra aportación deberá ser autorizada por el Gobierno. Pero dejar constancia legal de que el estado se nutre de donaciones al Rey… es la antesala de que el receptor igual que admitió un palacio o un yate, otro día acepte 100 millones de dólares. ¿Si el rey llega a regalar los 100 millones a Patrimonio Nacional ya no existirían sospechas sobre su origen? ¿Ya no serían peajes por una cumbre religiosa o comisiones del AVE?

La utilización de estructuras opacas por el emérito para mover el dinero saudí agrava el peso de la fortuna recibida. Pero todos los gobiernos dieron una magnífica coartada al monarca durante su reinado para recibir donaciones millonarias.

Los cambios de Felipe VI

La ley que permite al rey recibir donaciones y revertirlas al erario público sigue vigente hoy. En 2015, Felipe VI se hizo su propia normativa, a la vista de que nadie derogaba dicha ley. “Su Majestad el Rey ha considerado conveniente regular el régimen de regalos a favor de los miembros de la Familia Real. El artículo 26.2b). 6º de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es aplicable a los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dice lo siguiente: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.”

El nuevo monarca admitía que tal norma no le era aplicable: “Aun cuando a los miembros de la Familia Real no les resulte de aplicación el mencionado precepto, se considera procedente adaptarse a la regulación que, con carácter general, han aprobado en esta materia las Cortes Generales.”

La que sí le era de aplicación era la ley de 1982 sobre donaciones al rey, como reconocía el actual monarca. Y sobre esa base estableció un código de conducta de la casa: “Los miembros de la Familia Real no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. Y refrendaba que los regalos de carácter institucional engrosarían el Patrimonio Nacional.

Pero esta norma del actual monarca no deroga la ley. Y la ley está por encima de su código de buena conducta. Felipe VI puede incumplir su código ético sin violar la ley. Puede aplicar la doctrina Ferrari cuando lo desee. Sólo depende de su voluntad.