Elcierredigital.com ya lo publicó en su crónica del juicio del caso Espías de aquel día. Las revelaciones de Barrado se produjeron el 13 de febrero y el 3 de abril José Luis Caro se querelló contra Manuel Moix, en la actualidad fiscal de Sala en el Tribunal Supremo, también ha denunciado al comisario de la Policía Nacional, Jaime Barrado, y a quien fue jefe de la UDEF del mismo cuerpo policial, José Luis Olivera. El caso Espías juzgaba la implicación de varios policías en el espionaje a rivales políticos en la Comunidad de Madrid.

Según explicó en la cadena SER el abogado del denunciante, José Javier Vasallo, la querella se ha presentado por delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y delito continuado de falsedad documental. Los escritos describen la práctica de “múltiples irregularidades” durante la instrucción del proceso, supuestamente ordenadas por Moix y Olivera, ejecutadas en colaboración con Barrado, “atendiendo a los intereses políticos del Partido Popular”.

José Luis Caro durante su declaración en el caso Púnica.

En este sentido, el escrito de denuncia asevera que Manuel Moix excedió los límites legales en la investigación para sostener su acusación, vulnerando el derecho a la intimidad de los acusados al obtener sus teléfonos de forma ilícita. También advierte que les tomó declaración sin abogado.

La denuncia reclama que testifiquen por estos hechos ante el Supremo el propio Moix, así como Olivera y Barrado, entre otras pruebas testificales. También solicita que Moix abone una fianza de 250.000 euros para “reparar los daños morales, psicológicos y afectivos causados” al guardia civil José Luis Caro Vinagre, quien en la actualidad se encuentra de baja laboral por este motivo. El letrado reclama otros 250.000 euros a los agentes Olivera y Barrado en la denuncia presentada en los juzgados de Plaza Castilla.

El guardia civil José Luis Caro Vinagre fue absuelto del caso Espías, pero condenado en firme por el Tribunal Supremo a un año y seis meses de cárcel, por otro caso, por participar en el chivatazo de la Púnica, al advertir al exconsejero Francisco Granados de la existencia de una investigación sobre el supuesto conseguidor del entramado corrupto, David Marjaliza.