El fiscal decano de la Sección Territorial de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tendrá que demoler el chalet –pagándolo de su propio bolsillo– que tiene en el término municipal de Pepino, localidad toledana situada a 8 kilómetros al norte de Talavera de la Reina, según adelantó Confilegal.
El pasado 15 de julio, la sentencia 122/2019, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), se convirtió en firme al renunciar De la Cruz Andrade y su esposa, María García García, a recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo, única posibilidad de parar la ejecución de la sentencia.
Obras de construcción del chalet del fiscal decano.
Ahora, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tiene que proceder a la ejecución de la demolición del chalet, sobre el que pesa una hipoteca de 400.000 euros. Y lo puede hacer sacando a contratación directa el encargo o solicitando su ejecución subsidiaria bien al Ayuntamiento de Pepino o a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El fiscal no derribó voluntariamente la construcción, junto al arroyo Berrenchí, cuando le fue requerida en el año 2009.
El fiscal decano edificó este chalet en 2007 sobre una zona de Dominio Público Hidráulico sobre el que estaba prohibido construir sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
La vivienda se encuentra construida sobre el margen izquierdo del Arroyo de la Fuente o del Berrenchín a una distancia menor a 3 metros del cauce cuando la ley establece una zona de servidumbre, una franja de 5 metros a cada lado, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento, y una zona de policía, que comprende los 5 metros anteriores, más 95 más, en la que se condiciona el uso del suelo. Zonas sobre las que está prohibido construir.
Así el 14 de noviembre de 2008, la CHT abrió un expediente sancionador que desembocó, 4 meses después -el 6 de marzo de 2009- en la orden de demolerlo. Como el fiscal decano no lo hizo comenzó un periplo judicial que concluyó en julio de 2019 tras no recurrir en casación ante el Supremo la sentencia que obliga a destruir lo construido.