Según datos de la Fundación Biodiversidad, las asociaciones ecologistas en España han recibido millones de euros en ayudas para desarrollar proyectos de colaboración y representación ante el Estado, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. Según ha podido contrastar la revista Jara y Sedal, los grupos ecologistas subvencionados en España recibieron, al menos, 12,3 millones de euros entre 2015 y 2017. Sin embargo, otras fuentes consultadas estiman que esta cifra podría ser tres veces superior, algo muy difícil de comprobar debido a la opacidad de las cuentas de algunas de estas asociaciones ecologistas.
Esta cantidad solo es la punta de Iceberg. Según fuentes consultadas por El Cierre Digital no solo hay que añadir las subvenciones que conceden comunidades autónomas y ayuntamientos (nominativas, directas o de concurrencias), también cientos de licitaciones y contratos, muchos de ellos a dedo.
Así, las aportaciones, dirigidas a actividades relacionadas con la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible, sólo pueden concederse a cinco organizaciones, según las bases de estas convocatorias: SEO/BirdLife, WWF España, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace, pero estos últimos no aceptan dinero público. Cada proyecto aprobado supuso unos 100.000 euros en cada convocatoria. Estas cuatro organizaciones también perciben ayudas en otro presupuesto anual de la misma fundación.
La representación ecologista pagada con fondos públicos también llega a los Parques Nacionales. WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción que reciben 25.000 euros al año para fomentar su participación en las reuniones del Consejo de la Red de Parques Nacionales ,gracias a un convenio firmado con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
Las cuatro asociaciones anteriormente citadas perciben una asignación permanente de más de 700.000 euros cada año –en el caso de Amigos de la Tierra es de 400.000– de manos de la Subsecretaría de Agricultura con el fin de "realizar actividades de interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente". Una asignación fija y que, ni el Ministerio de Agricultura ni el de Transición Ecológica han podido aclarar a la revista Jara y Sedal, autora del citado informe. Según los expertos consultados por elcierredigital.com, "nadie concreta por qué se conceden, cómo se controlan o para qué sirven realmente".
Los ecologistas en una reunión con Isabel Gacía Tejerina, ministra de Agricultura y Medio Ambiente durante el gobierno de Rajoy.
Estas cinco ONGs tienen un asiento en el Consejo Asesor del Medio Ambiente (CAMA) del Ministerio de Medio Ambiente. Son estas organizaciones ecologistas y no otras las que tiene peso dentro del organigrama gubernamental, según recoge el Real Decreto de 2004 que regula la estructura y el funcionamiento de dicho Consejo.
Sin representación cinegética
La composición del Consejo Asesor del Medio Ambiente (CAMA) del Ministerio nunca ha satisfecho al sector cinegético. Así lo reclama la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca). En el caso de Francia, por ejemplo, los cazadores forman parte de una Oficina de la Biodiversidad, con voz y voto en la conservación de la naturaleza.
A pesar todo lo anteriormente expuesto los grupos ecologistas quieren conseguir más privilegios y financiación, por este motivo la semana pasada presentaron una serie de "medidad de ecofiscalidad". La revista Jara y Sedal ha explicado en un vídeo divulgativo todos estos privilegios que según ella perciben los movimientos ecologistas.
Según algunos estudios realizados por asociaciones de cazadores, el sector de la caza en España reporta más de 3.600 millones de euros a las arcas públicas y genera 54.000 empleos directos e indirectos. "Unas cifras que el Gobierno de Pedro Sánchez debería reconsiderar antes de tomar cualquier decisión precipitada de la que se pueda arrepentir", aseguran desde estos sectores.