Las medidas aplicadas en España para palia el impacto del Covid-19 en la economía, parecen ir en contra de la mentalidad europea. Mientras que las pymes ya han visto aplazamientos en las fechas de declaración tributaria, las grandes sociedades aún esperan una respuesta del Gobierno con respecto a este tema. Entre las medidas que se solicitan, se exige un cambio en la modalidad del pago fraccionado y se modifiquen los plazos del Impuesto a Sociedades. Con este motivo, el Consejo General de Economistas ha remitido una carta a los ministerios de Hacienda, Economía y Seguridad Social.
La petición se ha llevado a cabo advierte que, de no adoptar las medidas económicas pertinentes como el resto de Europa, “el daño para todos los actores económicos de nuestro país será irreparable y la recuperación de la crisis será mucho más lenta y dolorosa”.
Valentín Pich, presidente del Consejo, ha manifestado su desconcierto ante la negativa del Gobierno a seguir los medios de actuación fiscales que está adoptando el resto de Europa: “No se entiende esta renuencia del Gobierno a alinearse con las políticas fiscales que se están implementando en todos los países de nuestro entorno y en muchas de nuestras comunidades autónomas. Estos aplazamientos, que no condonaciones, no supondrían un gran trastorno para las arcas del Estado y aportarían liquidez a las empresas en un momento crítico como que el que estamos viviendo. ¿No es incongruente que se estén avalando créditos para las empresas con dificultades para que paguen, entre otras cosas, impuestos y cuotas a la Seguridad Social, cuando sería tan fácil diferir temporalmente estos pagos?”.
Consejo General de Economistas
Pero los razonamientos del Consejo General de Economistas no están infundados, han realizado una comparativa entre las medidas adoptadas por España y las adoptadas por el resto de Europa durante esta crisis producto del Covid-19.
Con respecto a los pagos, en España se han aplazado hasta 30.000 euros los importes a ingresar de las siguientes liquidaciones, pero solo para determinadas pymes. En el resto de Europa estos plazos se han extendido de manera generalizada para todas las empresas, tanto ampliando la presentación de los plazos de la presentación de impuestos, como aplazando los mismos pagos. Entre los más destacados se encuentran Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Austria y Dinamarca.
En Francia se han diferido los pagos a la seguridad social y en Italia directamente se han suspendido las cotizaciones para los meses de marzo y abril. En el caso de España, la única medida empleada han sido los ERTE por causa mayor. Según Valentín Pich esto no tiene sentido “cuando precisamente España es uno de los países con las cotizaciones a la Seguridad Social más elevadas de Europa”.
Lo curioso de todo esto, es que el Consejo de Ministros ya habría aprobado moratorias y aplazamientos para determinadas empresas y autónomos en el pasado, pero siguen sin dar respuesta a las peticiones de aplazamientos generalizados.
En el ámbito autonómico si se han tomado más medidas en relación a la que ha adoptado el Gobierno. La mayoría de las comunidades ha ampliado plazos de presentación de autoliquidaciones de pagos de impuestos en su ámbito de aplicación de los tributos.
Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid o Comunidad Valenciana han ampliado los plazos para declarar o autoliquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre Transmisiones.
Cataluña y Madrid también han añadido ampliaciones a los impuestos propios. Baleares ha optado por no computar el tiempo que dure el estado de alarma para la duración máxima de los procedimientos, prescripción o caducidad relacionados a pagos tributarios, en el caso de Madrid, estos días han sido declarados inhábiles.