La Comisión Europea trabaja en un paquete de propuestas con opciones flexibles para que los Estados miembros puedan dar una respuesta común al preocupante aumento de la factura de la luz en todo el continente. También en España, donde este viernes el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa en 172,97 euros el megavatio hora, una cifra que triplica los niveles de hace un año y que supone el tercer valor más alto desde que constan registros.
Estas directrices podrían sumarse a las ya aprobadas por el Ejecutivo socialista, de carácter temporal, y que expertos califican como "alivio transitorio" e "insuficiente". Destinado a paliar los efectos de una inasumible escalada que ha afectado a los bolsillos de todos los ciudadanos residentes en España, hace tan solo una semana, este plan de choque despertaba la ira de las empresas eléctricas que, tras el anuncio, amenazaron con cerrar las centrales nucleares del país alegando una supuesta inviabilidad económica.
Toda una ofensiva que pretendía ser un pulso al Gobierno -hay que tener en cuenta que los reactores operativos en España cubren entre el 20% y el 22% de la demanda eléctrica- y ante la que el Ejecutivo, de la mano de su vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha advertido que no va a ceder.
Así las cosas, mientras las grandes multinacionales gestionan su enfado pese a embolsarse 7.000 millones de beneficios, el Gobierno interpela a la Unión Europea y la oposición culpa a Pedro Sánchez. De hecho, Pablo Casado ha tildado de "expropiación" la decisión del Ejecutivo de detraer 2.600 millones de las ganancias de las eléctricas, señalando que "siempre todo este Gobierno lo arregla metiendo la manos en las empresas, el ciudadano o el trabajador".
Cualquier ocurrencia parece buena si con ella se evita reconocer que, del lucrativo negocio de las empresas energéticas, la clase política es una de las grandes beneficiadas. Las 'puertas giratorias', que durante tantos años han cruzado los altos cargos y que mantienen en la total inmunidad a un sector que especula con un bien de primera necesidad, son el retiro dorado de todos ellos.
Retiro dorado
Según datos de El Economista, la remuneración de un consejero externo independiente, una figura muy utilizada entre los políticos retirados, es de 240.000 euros anuales en Endesa, de 374.000 euros en Iberdrola, de 178.000 euros en Red Eléctrica Española y de 225.000 euros anuales en Naturgy.
Beatriz Corredor.
Felipe González, por ejemplo, llegó a cobrar en cuatro años cerca de medio millón de euros de Gas Natural -hoy Naturgy- y José María Aznar, como asesor en Endesa, se embolsaba un salario de 200.000 euros, ampliables a 300.000. Aunque cuantiosos, sin embargo, sus salarios ni se acercan al de Beatriz Corredor, ministra de Vivienda con el PSOE entre 2008 y 2010 y presidenta de Red Eléctrica de España desde febrero de 2020, donde gana 546.000 euros al año.
Los nombres de las puertas giratorias
La lista de políticos que se sientan o se han sentado en los sillones de, por ejemplo, Endesa, Naturgy o Iberdrola produce sonrojo. De siete presidentes del Gobierno que ha tenido España desde la muerte de Francisco Franco, tres de ellos terminaron a sueldo de las eléctricas. Véase Leopoldo Calvo Sotelo, segundo presidente de la democracia (1981-1982), que fue fichado por Unión Fenosa -ahora Naturgy- en 1998 y que ejerció el cargo en el consejo de administración de la compañía hasta 2002. También el socialista Felipe González, quien en 2010 fichaba como consejero de Gas Natural con un sueldo mínimo de 126.500 euros anuales. Cinco años después, el expresidente abandonó su puesto ya que el trabajo le resultaba “aburrido”. El 'popular' José María Aznar, que presidió el Gobierno entre 1996 y 2004 e impulsó la privatización definitiva del sector, fichó en 2014 como asesor del Consejo de Administración de Endesa.
Además, más de 20 ministros, tanto del PSOE como del PP, pasaron de diseñar e impulsar las normas que rigen el mercado eléctrico a ocupar los altos cargos del sector. Por ejemplo, los socialistas Miguel Boyer -que dejó su cargo en Red Eléctrica de España en 2014 después de agotar el número máximo de mandatos-, Joan Majó i Cruzate, Josep Borrell, Narcís Serra i Serra, Javier Solana, Ángeles Amador Millán, Luis María Atienza Serna, Jordi Sevilla, Pedro Solbes, Beatriz Corredor, Cristina Garmendia y Elena Salgado. Si sumamos además, secretarios de Estado, consejeros y demás cargos políticos, en las filas del PSOE, una treintena de nombres han pasado por las 'puertas giratorias'.
En cuanto al Partido Popular, ministros como Rodolfo Martín Villa, Isabel Tocino, Josep Piqué, Ángel Acebes, Pío Cabanillas Alonso, Ana Palacio, Luis de Guindos, Fátima Báñez e Isabel García Tejerina también pasaron de la política a las eléctricas. Rodrigo Rato, aunque no estuvo directamente en plantilla, facturó a Endesa 25,8 millones de forma ilegal. Así, excluyendo a Rato, de las filas del PP un total de 36 cargos acabaron trabajando para los intereses de las eléctricas.