17 de junio de 2024
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FIN DE SEMANA

Ahora,el expresidente de la fábrica alemana ha sido penado a un año y nueve meses de prisión por manipular datos de la venta de sus automóviles diesel

Las multinacionales de coches bajo sospecha por incumplir bajas emisiones: Las condenas contra Audi a Volkswagen

/Rupert Stadler.
/Rupert Stadler.
En los últimos años, ha habido una creciente preocupación mundial sobre el impacto ambiental de las emisiones de gases contaminantes, especialmente en la industria automóvil. Sin embargo, más allá de los fabricantes de coches, surge un nuevo y sorprendente escenario donde se ha detectado un fraude relacionado con las emisiones: algunos fabricantes como Audi han sido condenados por manipular las emisiones en sus vehículos diésel y detener su venta más tarde de lo establecido.

El expresidente del fabricante automovilístico alemán Audi, Rupert Stadler, ha sido condenado este martes en Alemania a un año y nueve meses de libertad condicional. La sentencia también establece el pago de una multa de 1,1 millones de euros en el juicio por la manipulación de emisiones en vehículos diésel.

La Audiencia Territorial de Múnich (sur), en la sala de lo penal económico, ha declarado culpable de fraude a este exmagnate automovilístico por no haber detenido a tiempo la venta de sus automóviles diésel, además de manipular los valores de sus emisiones.

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Rupert Stadler, en su juicio por el escándalo de fraude de emisiones 'Dieselgate'.

En el año 2015, se reveló que varios fabricantes de automóviles habían manipulado los resultados de las pruebas de emisiones de gases contaminantes en sus vehículos. Estas empresas habían instalado dispositivos de software que alteraban los datos de emisiones durante las pruebas, lo que les permitía cumplir con los estándares reglamentarios, pero en condiciones reales de conducción, las emisiones superaban ampliamente los límites permitidos, siendo una de ellas el fabricante automovilístico Audi.  

Escándalo 2015 con Volkswagen

El escándalo comenzó en la multinacional alemana en septiembre de 2015 cuando las autoridades medioambientales de Estados Unidos acusaron al grupo Volkswagen de manipular las emisiones de distintos motores diésel para hacer ver que cumplían los límites de contaminación, en concreto, los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx).

Durante la investigación, se descubrió que 11 millones de vehículos del grupo Volkswagen en todo el mundo contaban con un "software" ilegal que hacía que sus motores emitiesen por debajo de los límites, pero sólo cuando se les hacían pruebas, ya que en carretera la contaminación era más elevada.

Este "software"  desconectaba los filtros del tubo de escape más veces de lo que legalmente está permitido, logrando una mayor potencia en los vehículos, pero provocando  un mayor coste medioambiental.

Un montaje de la web Xataka para reflejar el dieselgate.

Un montaje de la web Xataka para reflejar el dieselgate.

Con esta trampa los coches de la marca Volskwagen, Audi y Skoda superaban los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Sin embargo, los vehículos afectados emiten en condiciones reales hasta 40 veces el límite legal de óxidos de nitrógeno. Por este mismo asunto, en octubre de 2016, Volkswagen pactó con las autoridades de Estados Unidos pagar 17.500 millones de dólares como compensación a los propietarios de los vehículos afectados y a los concesionarios que los habían vendido.

Mientras que este escándalo provocó diversas causas judiciales para el fabricante, los clientes afectados , además de exigir compensaciones de forma individual, pedían causas colectivas en distintas jurisdicciones.

Supuestas medidas con el software

La multinacional alemana tomó, supuestamente, medidas para corregir este problema en Europa, instalando un nuevo software en los vehículos. Sin embargo, en febrero de 2016 un particular compró un Volkswagen Tiguan de segunda mano en Düsserldorf (Alemania) y, tras un exhaustivo análisis, abrió la caja de los truenos al descubrir que este software de actualización tenía dos modos de funcionamiento, uno que reflejaba una "alta tasa de recirculación de gases de escape" y una emisión baja de óxidos de nitrógeno y otro modo en el que reducía bastante la recirculación de los gases de escape.

Según la investigación, el vehículo solo funcionaba en el primero de los modos y no en el segundo, así que demandó al fabricante.

Afectados en España

Así, los usuarios españoles descubrieron  que Volkswagen, lejos de acabar con el problema lo había incrementado, ya que habían parcheado con otro software este último software, es  decir, que la emisión de gases contaminantes seguía siendo la misma y en la ITV española los descubrieron, aunque se activaba entre los 16 y los 32 grados de temperatura exterior, es decir, dentro de una nave de ITV donde se hacen las pruebas los coches no contaminaban.

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Luca de Meo, presidente de Volskwagen | El Periódico

En medio de toda esta pelea, la sentencia del tribunal alemán de Düsserldof fue favorable al propietario de vehículo y obligó a pagar a Volkswagen daños y perjuicios, pero sobre todo abrió una puerta a una investigación mucho mayor que plantea efectivamente que la actualización software de Volkswagen no se activa en todo tipo de condiciones, tampoco en los vehículos vendidos en España.

El 31 de julio de 2019 la Séptima Sala de lo Civil del Tribunal Regional de Düsseldorf, dictaba sentencia asegurando que “el nuevo software instalado por Volkswagen para acabar con la manipulación de las emisiones que se investiga en el presente procedimiento es, en realidad, otro método de manipulación de emisiones”. Es decir, que la empresa instaló otro programa que en realidad servía para detectar cuando el vehículo estaba en un banco de pruebas y reducía las emisiones, según la demanda interpuesta por varias asociaciones de afectados, que reúnen a nueve mil afectados, un parche sobre otro parche.

La sentencia

Finalmente, tras un largo proceso, la sentencia ha establecido este martes, 27 de junio, que  Stadler, exmiembro del consejo directivo del grupo Volkswagen (VW), matriz de Audi, tendrá que  pagar la multa de 1,1 millones de euros a las arcas públicas y a varias organizaciones benéficas.

Tras años declarándose inocente, el exdirectivo de 60 años confesó haber paralizado la venta de coches manipulados en Europa, solo cuando el tribunal le advirtió de que se enfrentaba a una posible pena de prisión.

Stadler reconoció que debería haber sido más 'diligente' como presidente y haber intervenido cuando salieron a la luz los indicios de manipulación. 

Un juicio que comenzó en septiembre de 2020, y representa el primer proceso penal dentro del proceso judicial del escándalo de las emisiones en Volkswagen, y que ha supuesto para la empresa pérdidas económicas masivas como resultado.

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