El Gobierno podría mantener las autovías y autopistas sin cobrar peajes solo con los impuestos actuales

El Gobierno de Pedro Sánchez planea extender los peajes a todas las autovías y autopistas de España. La medida, que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea, forma parte de un paquete de reformas en el que, además, se incluyen subidas en los impuestos de matriculación y circulación, así como el tributo al diésel. Con el fin de sostener las arcas públicas, lo que se pretende en este caso es financiar los costes asociados a la conservación de la infraestructura viaria, habida cuenta de que acumula un déficit de inversión que ya se aproxima a los 8.000 millones de euros.

De este modo, el Ejecutivo socialista busca aumentar la presión fiscal de los conductores mediante "la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario pagador y también del principio de quien contamina paga", reza el texto remitido a Bruselas. Aunque hasta el momento se desconoce de qué forma se llevaría a cabo y cuál sería la tarifa, la patronal del sector propone un peaje cuyo coste medio oscilaría entre los tres y los cinco céntimos por cada kilómetro recorrido, lo que supondría que un viaje de 100 kilómetros por autovía se encarecería entre tres y cinco euros. Una tasa más para el ya castigado automovilista, que paga sobradamente el mantenimiento de las carreteras con los gravámenes a los que debe hacer frente.

Una carretera en España. 

De hecho, según datos del propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el año 2019 se destinaron 950 millones de euros a la conservación de carreteras. En 2020, 953 millones. Cifras infinitamente inferiores a lo que se recauda en el mismo periodo a través de los diferentes tipos de impuestos relacionados con los vehículos, y que abarcan desde las tasas sobre los combustibles hasta los impuestos por matriculación o circulación. Y es que el monto que se embolsa Hacienda todos los años gracias al bolsillos de los conductores no es nada desdeñable.

Cada vez que llenamos de combustible el depósito de nuestro vehículo, aproximadamente la mitad de lo gastado se lo lleva directamente el Estado a través del 21 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y del Impuesto Especial de los Hidrocarburos (IEH). Según la Agencia Tributaria, en 2019 la recaudación total a través del gravamen a los carburantes ascendió a 19.804 millones de euros.

A ello, además, debe sumársele lo percibido por la venta y utilización del coche. En el año 2019, último ejercicio antes de los efectos adversos provocados por la pandemia en el mercado, las arcas públicas ingresaron casi 9.500 millones de euros a razón de estos conceptos, siendo unos 4.800 millones correspondientes al 21 por ciento del IVA que se aplica sobre el precio del automóvil, 615 millones del gravamen de matriculación, y 2.920 millones que fueron a parar a las cuentas de los ayuntamientos a través del impuesto de circulación.

En total, el Gobierno obtuvo un beneficio de alrededor de 29.300 millones de euros procedente de los automovilistas, cantidad más que suficiente para liquidar la deuda de 8.000 millones de euros en conservación de carreteras y sufragar su mantenimiento, que cada ejercicio supone unos 1.000 millones de euros, durante más de dos décadas.

No obstante, el montante podría ser todavía significativamente superior. Según las cuentas presentadas en 2019, la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudó cerca de 374,3 millones de euros en multas. La cifra supone más de un millón al día, algo que se repite desde 2008. Y si tenemos en cuenta otro tipo de gravámenes, como el IVA correspondiente al coste de sacarse el carnet de conducir, la tasa de examen que impone la DGT, o el IVA del 21 por ciento del seguro de coche, de las revisiones obligatorias de la ITV o por la reparación del vehículo, la cifra podría ascender a cerca de 35.000 millones de euros anuales.