Los empleados de la cadena Riu en Fuerteventura se sublevan contra el Ministerio de Transición Ecológica "porque quieren trabajar"

La situación de los trabajadores del hotel Riu Oliva Beach en Fuerteventura sigue a la espera de soluciones. Desde hace 22 meses el expediente que permitiría realizar las obras para la apertura del hotel está paralizado en la Dirección General de Costas dependiente del Ministerio de Transacción Ecológica, al frente del cual se encuentra Teresa Ribera. 

Esta situación está generando gran incertidumbre entre los 400 trabajadores del complejo hotelero. De no poder abrirse el Riu Oliva Beach el comité de empresa tendrá que negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que dejará a muchos sin trabajo.

Hartos del inmovilismo político en la mañana del martes 1 de octubre, a las 11:30, los empleados de Riu mostraron su indignación en una concentración trasladándose desde Corralejo a Puerto del Rosario, frente la Delegación del Gobierno y el Cabildo insular hartos de no recibir una respuesta por parte de la administración.

Adrián Fernández, uno de los portavoces del comité de afectados por el posible cierre del hotel que la cadena Riu explota en las Grandes Playas de Corralejo, afirmaba ante los medios que “ni bien, ni mal: nadie nos dice nada, por lo que nos sentimos abandonados por nuestros gobernantes de Madrid y por el presidente canario Ángel Víctor Torres, que no se ha dignado a visitarnos para conocer de primera mano nuestra situación”. Riu anunció antes del verano un ERE a la vista de que el Ejecutivo central no se pronunciaba sobre sus planes de ampliación.

Trabajadores de Riu Oliva Beach protestando. 

Elcierredigital.com se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transacción Ecológica sin recibir ninguna respuesta al igual que con la Dirección General de Costas y Medio Marino.

El hotel Riu Oliva Beach se construyó sobre terrenos particulares comprados por inversores alemanes en los años 70, dentro de lo que después se conocería como Dominio Público Terrestre. En 1992 se empezó el deslinde de ese tramo de costa. La Ley de Costas 1988 permitía a los dueños sobre los que se asentaban permanecer como concesionarios. Evidentemente, pagando. En el caso de Riu desembolsa dos millones de euros al año divididos en pagos cada seis meses de 998.000 euros.

En 2016 se renovó por 75 años la concesión a Riu, pero la empresa entendió que el hotel necesitaba mejoras por ello solicitaron a la delegación de Costas en la provincia de Las Palmas el pertinente expediente de licencia el 4 de diciembre de 2017, pero la situación política del país llena de trabas administrativas e inestabilidad política han hecho que nadie recuerde ese documente que adormece en algún lugar de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

El gran daño al turismo de la zona y a Riu en particular, que este retraso administrativo de 22 meses está generando es enorme. Se calcula que la empresa está asumiendo pérdidas de entre 80.000 y 120.000 euros al mes. Una auténtica sangría económica que, además, podría llegar a provocar el despido de 400 trabajadores que, siguen a la espera de que la administración haga algo, ya que Riu, a pesar de su músculo como empresa líder en el sector, no puede seguir así después de 22 meses de espera.