Las empresas españolas mantienen sus temores en Venezuela mientras líderes bolivarianos hacen caja fuera del país

La situación actual en Venezuela es límite y cada vez son más países de la Unión Europea los que se suman en el reconocimiento como presidente al opositor Juan Guaidó, además de la propia UE, cuya Eurocámara ya reconoció como presidente a Guaidó la semana pasada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los últimos en hacer público su apoyo, este lunes, al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela tras el ultimátum de ocho días que dio a Nicolás Maduro para que convocara “elecciones libres”.

Ante la crisis política, social y económica, las empresas extranjeras abogan por la estabilidad en el país caribeño, donde la superinflación y la caída del valor del bolívar está castigando sus intereses.

Son muchas entidades las que se han ido de Venezuela, pero otras se han quedado, entre las que se encuentran filiales de empresas españolas. Estas superan las setenta según datos del Banco Central de Venezuela, que muestra una realidad nada positiva para Venezuela: prácticamente el único dinero que aportan estas empresas es la reinversión de sus ingresos. A la enorme inflación se le suma una divisa de nulo valor internacional, que hacen que no se tenga en cuenta ni repatriar estos beneficios, ni realizar nuevas inversiones.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de Telefónica. La operadora española compró en 2004 Telcel y es actualmente la segunda operadora de telefonía móvil del país con más de diez millones de usuarios. A pesar de los buenos datos, la hiperinflación ha llevado a que su cifra de negocio se desplomara entre enero y septiembre de 2018 a un 82 por ciento interanual y su resultado bruto de explotación en un 96,2 por ciento.

Por su parte, Repsol cuenta con más experiencia en Venezuela. Entró en 1993 en el negocio de la exploración y producción y gestiona varias explotaciones de crudo y gas, pero los graves problemas económicos están lastrando a la petrolera española. Apenas invierte y ya se empieza a retirar. Recientemente, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, señaló que había reducido su exposición en Venezuela hasta los 920 millones de dólares, frente a los 1.700 de solo hace un año.

Plataforma petrolífera de Repsol en Venezuela

Los bancos españoles también han notado la crisis producida por el bolivarianismo, como así lo demuestran las dos mayores entidades bancarias. Hace diez años, en 2009, Santander y BBVA negociaron con el Ejecutivo de Hugo Chávez su continuidad en Venezuela. El primero, entonces con el fallecido Emilio Botín al frente, logró una solución no del todo amistosa pero más o menos aseada: la venta para su nacionalización por 755 millones de euros, 110 millones menos de lo que pedía. Aunque no consiguió toda la cantidad que solicitaba, la decisión fue la mejor que se pudo tomar.

BBVA, que opera a través de Banco Provincial, resistió el envite después de que Chávez, llamando por teléfono durante un programa de televisión en directo al presidente de la filial venezolana, Pedro Rodríguez, incluso amenazara con expropiarlo. Pero el coste por quedarse han sido pérdidas millonarias.

Mapfre, Acciona, Alcatel, Editorial Planeta, Santillana, Elecnor, Dragados, Duro Felguera, Hesperia o Meliá son otras de las empresas destacadas. Conocer el total de la inversión si es más difícil, debido a que los datos están desactualizados. En 2015 ascendían a 21.313 millones de euros, pero un año después esa cifra cayó a 1.381 debido fundamentalmente a los efectos contables de la devaluación cambiaria, actualmente se situarían alrededor de los 15.000 millones de euros.

No solo caen las ventas, también lo hacen las exportaciones de España al país latinoamericano. Y con los graves problemas económicos, políticos y sociales, la tendencia es que cada vez se venda y se invierta menos.

Enriquecidos gracias al bolivarianismo

En contraste con la situación de las empresas extranjeras que operan o han operado en Venezuela, se encuentran los negocios que muchos de los ‘bolichicos’ enriquecidos mediante el amparo del chavismo, y con el apoyo de Nicolás Maduro, han creado en España. Se trata de “la nueva camada de ricos en los tiempos chavistas”, a los que bautizó así el periodista Juan Carlos Zapata en el año 2010.

Ejemplo de esta generación es Luis Alfredo Campos Cabello, primo de Diosdado Cabello, el número dos de Nicolás Maduro. Hoy, es administrador de la empresa "Inversiones, Oportunidades y Negocios S.L.", dedicada al “comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados”. Posee concretamente una Estación de Servicio en el Polígono Industrial de Alcobendas, bajo el amparo de carburantes de Repsol.

La lista de los ‘bolichicos’ que han visto fructificar sus negocios fuera de las fronteras del país caribeño, y en especial en España, es alargada; como también lo es la de venezolanos relacionados con el chavismo que se han visto envueltos en problemas judiciales por delitos económicos en nuestro país.

Nervis Villalobos

Uno de los casos más flagrantes es el de Nervis Villalobos, el que fuera viceministro de Energía Eléctrica del Gobierno de Hugo Chávez entre 2001 y 2006, detenido el pasado octubre en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales.

Pero no es la primera vez que el político chavista ha tenido problemas con la justicia, pues en octubre de 2017 ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras una petición de extradición de Estados Unidos. Finalmente, ésta no se produjo, pero se mantuvo en la prisión madrileña hasta el pasado 24 de septiembre.

Se le imputaba un supuesto delito de blanqueo por la recepción de siete millones de dólares desde Miami. Este caso es conocido en Estados Unidos y Venezuela como “Money Flight” y se centra en una trama que habría ayudado a blanquear más 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos a exdirectivos de la empresa púbica Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Villalobos quedó en libertad provisional con cargos con la prohibición de salir de España y la obligación de acudir mensualmente al juzgado, por considerar que el delito que se imputaba no estaba demostrado “con suficiente claridad”. Es uno más de los varios nombre investigados  en España por la Justicia ante presuntos casos de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.