Grietas en el Banco Santander: el supuesto engaño a los inversores del Banco Popular ya está bajo la sospecha judicial

La decisión de la Audiencia Nacional de investigar como persona jurídica a Banco Santander en el procedimiento abierto por la quiebra del Banco Popular ha caído como un jarro de agua fría dentro de la planta noble del Edificio Pereda de la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte.

Aunque desde la entidad presidida por Ana Patricia Botín intentan transmitir tranquilidad la realidad es que esta decisión ha llegado cuando se acumulan los problemas: marcha atrás en el fichaje del CEO, problemas en Argentina, miedo en Brasil y un posible Brexit duro que puede deteriorar gravemente el valor de su banco en el Reino Unido.

De momento, afirman que esta investigación no tendrá mucho futuro ya que como ocurrió con entidades compradas por CaixaBank (Banco de Valencia, Banca Cívica) o Banco Sabadell (Caja de Ahorros del Mediterráneo), la responsabilidad habría quedado extinguida desde el punto de vista societario cuando se adquirió el Banco y los únicos responsables serán los anteriores gestores.

La sombra de la sospecha

Los demandantes opinan lo contrario, este caso no es equiparable. En primer lugar defienden que antes de la compra aun el Popular tenía valor bursátil (1.300 millones de euros) y esta cantidad se volatiliza justamente al anunciar el precio simbólico de un euro que pagó el Banco Santander.

La segunda diferencia es la no participación del Estado en la operación cosa que si pasó en las operaciones de compra de CaixaBank y Banco Sabadell.

Por último, también se esgrime la relación existente desde hace décadas entre el último presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, y Ana Patricia Botín. Saracho trabajó estrechamente siendo subordinado de la hija de Emilio Botín cuando ésta presidió el banco de inversiones Santander Investment. Para los que esgrimen esta teoría de la conspiración, defienden que justamente que con la entrada de Saracho en el Popular, la acción no hizo más que desplomarse.

Acumulación de derrotas en los juzgados

En este contexto, las derrotas judiciales no dejan de acumularse. Al menos cuatro audiencias, las de Oviedo, Bilbao, Cáceres y Vitoria, han ratificado la existencia de un engaño a los inversores, a lo que se suma que otra, como la de Girona, haya abierto la puerta a reclamar el dinero que perdieron los ahorradores que invirtieron en productos financieros complejos como deuda subordinada.

Miles de ahorradores vieron perder millones de euros y exigen responsabilidad a quién asumió todos los activos del Banco Popular. En los próximos meses la decisión de mantener o no la investigación de la Audiencia Nacional al Banco Santander puede suponer un antes y un después en la protección del usuario bancario.