18 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

El Ministerio de Justicia está confeccionando un registro de todos los bienes

Pedro Sánchez pretende cobrar impuestos a la Iglesia Católica a través de sus inmuebles inmatriculados

La ejecutiva de Pedro Sánchez está elaborando una lista para registrar los bienes inmatriculados en posesión de la Iglesia para recaudar impuestos o recuperar la titularidad pública de algunos inmuebles

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Justicia, está procesando los datos para la realización de un listado de los bienes inmuebles que posee la Iglesia Católica en el territorio español. Según ha informado el Gobierno, cuando finalicen procederán a publicar la lista “para garantizar el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de datos”.

Este listado se compondrá de todos aquellos inmuebles que la institución religiosa ha ido inscribiendo a su nombre en el Registro de la Propiedad, que puede estar en torno a los 40.000 bienes, según ha afirmado el diputado socialista Antonio Hurtado a EFE. De esta manera, el Estado u otras administraciones podrían recuperar la titularidad de algunas de estas posesiones o comenzar a recaudar impuestos sobre los inmuebles que no están destinados al culto religioso. El problema es que cada Diócesis propietaria de inmuebles funciona con autonomía propia y por ello no existe un registro único de todos los bienes.

El Ministerio de Justicia, en respuesta escrita a una pregunta de Hurtado, ha considerado que se trata de "un paso adelante”, asegurando que el Gobierno de Mariano Rajoy lleva “muchos años mareando la perdiz”. El diputado socialista ha valorado positivamente que Justicia se haya comprometido a hacer público el listado. En noviembre de 2017, el anterior Gobierno informó en una repuesta al mismo diputado de que había pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia en virtud de la Ley Hipotecaria, pero ahí se quedó la iniciativa.

La Ley Hipotecaria que el Partido Popular presidido por José María Aznar aprobó en 1998 permitió a la Iglesia la autoridad para inmatricular a su nombre los inmuebles que considerara propios sin la necesidad de acreditarlo, teniendo así la misma potestad de un organismo público. El Gobierno de Mariano Rajoy acabó con esta potestad de la Iglesia en 2014.

Estos inmuebles de la Iglesia están exentos del pago de diversos impuestos como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), o el impuesto de sucesiones entre otros muchos. El resto de terrenos e inmuebles no lo está, especialmente si están destinados a algún tipo de actividad económica. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya advirtió en su día que estas exenciones tributarias podrían considerarse ayudas ilegales que el Estado permite a la institución eclesiástica.

Por su parte, la Iglesia en su página web argumenta que “solo ha inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado, por tanto, también las casas anexas a las parroquias”.

La asociación Europa Laica estima que la Iglesia Católica se ahorra unos 2.000 millones de euros al año en impuestos y alrededor de 300 millones por los beneficios obtenidos de los bienes inmatriculados. Pero los datos en torno al patrimonio de la institución religiosa nunca han sido muy transparentes, por lo que no se sabe con certeza la cantidad exacta.

 

 

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