La huelga de vigilantes de Barajas, impulsada por Alternativa Sindical, desata las críticas de los demás sindicatos que la tachan de ‘injustificada e irresponsable’

Alternativa sindical ha convocado once días de huelga de vigilantes de seguridad en el Aeropuerto de Barajas, que comenzarán el próximo viernes 24 de agosto. Una convocatoria a la que esta llamada el personal de Seguridad de los filtros de control de Barajas (Madrid) con motivo del pago de varios pluses específicos para estos vigilantes, contra la empresa adjudicataria del servicio Ilunion.

La mayoría de las organizaciones de trabajadores han mostrado su desacuerdo respecto a esta medida.

Esta huelga tiene su origen en el pago de pluses de radioscopia y rotación a los vigilantes de los filtros de control del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, servicio que fue adjudicado por AENA a la compañía Ilunion este año. Alternativa Sindical acusa a la compañía de no cumplir con el pago de estos pluses que fueron acordados a finales de 2017 por el grupo de trabajo de la Seguridad Privada y el convenio colectivo del sector.

El sindicato, que asegura representar un 20% de los trabajadores de seguridad, defiende que estos pluses deberían ser fijos y pagarse al personal en el mes en curso, por lo que la compañía los estaría abonando con retraso, tal y como afirma Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical: "Esta empresa lleva dos meses sin abonarlos. Deja sin cobrar alrededor de 200 euros a sus trabajadores". Por el momento, la movilización sólo está recibiendo apoyos de AVA (Asociación de Vigilantes Aeroportuarios de Barajas)

La huelga puede disparar las colas en los controles de viajeros como ocurrió el año pasado en El Prat

Por su parte, la empresa Ilunion afirmó en el acto de mediación que se dio el pasado viernes en el Instituto Laboral, en Madrid, que abonaría estos complementos, pero que al considerarlos un plus variable (depende del tiempo de utilización de la radioscopia por parte del trabajador), los pagaría ‘a mes vencido’.

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Esta medida no ha tenido acogida entre la mayor parte de las organizaciones de trabajadores, que consideran inapropiada la convocatoria. Entre estos sindicatos se encuentra UGT, CCOO, ATES (con representación en el comité de empresa de Ilunion Seguridad) y USO.

Ángel García, miembro del equipo de dirección del sector de Seguridad Privada de UGT Madrid defiende que el problema de los pagos de pluses ‘Es sólo una diferencia en la interpretación, no se puede montar un pollo así por eso’. Señala además que antes de convocar paros en pleno agosto, el sindicato podría haber acudido a los tribunales para recurrir esta discrepancia de criterio.

En el sindicato profesional ATES también se ha pronunciado en contra de esta huelga ‘absurda, nula, tonta’. Su representante asegura que "todas las empresas, menos Eulen, pagan los pluses a mes vencido" y acusan a Alternativa Sindical de promover esto con el fin de publicitarse.

Comisiones Obreras(CCOO), por su parte señala que les "parecería irresponsable por parte de este sindicato que mantenga la convocatoria de huelga generando una alarma innecesaria entre los usuarios".

Para el sindicato USO, esta huelga tampoco está justificada por el momento, sobre todo por el impacto que puede tener en los consumidores en estas fechas y por la pérdida de salario que sufrirían los trabajadores que la secunden. Por este motivo, USO ha llevado el debate el pago de estos pluses ante el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), donde han citado a las empresas del sector para que se llegue a una determinación sobre la forma de pago de estos pluses.

Pese a la disconformidad del resto de organizaciones, Alternativa Sindical seguirá adelante con la convocatoria de huelga. "Somos un sindicato profesional dentro de la Seguridad Privada. No estamos de acuerdo con las maneras de los sindicatos de clase, de UGT y CCOO, generalistas y a los que les importa un cuerno el sector", llego a afirmar Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, quién además recuerda que la huelga podría ampliarse al aeropuerto de Santander, donde sus afiliados decidirían si unirse a la convocatoria por votación.