El conflicto de Navantia obliga al Gobierno a dar marcha atrás en su decisión de no vender bombas guiadas a Arabia Saudí

El Gobierno ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores de la planta de Navantia en San Fernando (Cádiz) y les ha prometido una resolución "satisfactoria" al conflicto desatado por la posible decisión de Arabia Saudí a cancelar el contrato firmado con la empresa pública para la construcción de cinco corbetas por 1.800 millones de euros en respuesta al parón español en la venta de armas al país, en concreto en bombas inteligentes que usa en sus enfrentamientos en Yemen.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Celáa ha anunciado que una comisión interministerial está trabajando actualmente en alcanzar una solución al conflicto para mantener las "buenas relaciones" con Arabia Saudí, al mismo tiempo que permita asegurar la carga de trabajo derivada del contrato.

Una decisión precipitada

Distintas fuentes aseguran ahora que el anuncio de que el Ministerio de Defensa anulará una venta de 400 bombas del Ejército de Tierra a Arabia Saudí es por el momento una declaración de intenciones que todavía tiene que pasar por la discusión de una comisión de varios ministerios y someterse a distintos matices.

La decisión está ahora en manos de una comisión interministerial. "No le puedo contestar porque depende de la resolución a la que llegue la comisión, la respuesta no la tenemos todavía", ha dicho Celaá cuando se le ha preguntado si el Gobierno sigue siendo contrario a la operación de venta de bombas a este país.

En la línea de la ministra portavoz también se ha pronunciado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez al asegurar que el contrato con Arabia Saudí "sigue en marcha" y ha garantizado que el Ejecutivo no lo va a "poner en riesgo". En una comparecencia en el Congreso, Méndez ha asegurado que el contrato "sigue vigente" y, de hecho, Arabia Saudí ya ha realizado los primeros pagos. "Hasta donde yo sé, la fabricación, funcionamiento y vigencia del contrato sigue en marcha", ha trasladado.

Movilizaciones en Cádiz

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado estas garantías ante las alertas lanzadas por los sindicatos de los astilleros, que este viernes incluso han cortado una carretera en Cádiz ante el temor de que Arabia Saudí revocase la compra en respuesta a la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta al país de 400 bombas de precisión.

La confirmación de la firma de este contrato con Arabia, en negociaciones desde el año 2015, se produjo el pasado mes de julio por un importe de 1.800 millones de euros, suponiendo una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Cartagena y su industria auxiliar.

El programa arranca a finales de 2018 y el último buque debería entregarse en el 2022. En cuanto a su impacto en empleo, se calcula que durante cinco años se generarían anualmente cerca de 6.000 ocupados directos e indirectos. De ellos, más de 1.100 serían empleados directos, más de 1.800 empleados de la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores.