29 de marzo de 2024
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FIN DE SEMANA

El colectivo de los trabajadores por cuenta propia exige a la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, un cambio radical en la normativa

"Cese de actividad", una prestación inútil de la Seguridad Social a la que pocos autónomos pueden acceder

Año tras año la prestación que deberían recibir los autónomos tras el cese de actividad, el paro de los autónomos, ya que se les deniega pese haber pagado la cuota ya que no quedan acreditadas las concurrencias de los requisitos mínimos.

Un ejemplo claro de la injusticia con respecto al ‘’paro de los autónomos’’ es el de Alejandro Ochoa que, tras perder su trabajo y haber capitalizado su paro, decidió abrir un bar situado en el patio interior de un edificio cercano al vicerrectorado de la universidad CEU San Pablo, por lo que la clientela era principalmente de vecinos de la zona, profesores y estudiantes. Pese a ser un negocio modesto que vivía principalmente de los menús del día y de la venta de bocadillos, la familia a de Ochoa consiguió salir a flote. “Era poco más que un salario, pero nos ha permitido sacar adelante a tres hijas que ahora tienen 13, 16 y 19 años”.

El pasado mes de junio, los vecinos del bloque de edificios donde se encontraba el bar decidieron cerrar la puerta del patio interior que da acceso a dicho establecimiento, algo que condenó al bar familiar sin duda alguna ya que solo podían contar con los vecinos del edificio como clientes. . “Hay 120 pisos, pero solo 60 familias. La mayoría están ocupados por personas mayores que tienen ayuda en casa y comen en su salón. Es imposible mantenerse así”. Unas semanas después recibieron una carta en las que se rescindía su contrato de alquiler a partir de octubre.

Pese a que Alejandro Ochoa consultara con su gestor y este les tranquilizara con respecto a su situación y la prestación por cese de actividad, los Ochoa no deberían tener aparentemente problema alguno. Llegaron a hacer unas cuentas aproximadas de lo que les correspondía y llegaron a la conclusión de que la ayuda que recibirían sería de entre 1.200 y 1.300 euros mensuales a lo largo de un año para el padre y la madre.

Finalmente no ocurrió lo que quisieran, ya que "no queda acreditada la concurrencia de los requisitos”. Ochoa se sintió profundamente engañado y lamentó lo ocurrido. “He pagado religiosamente cada mes más de 300 euros de cuota. Y ahora, con el bar cerrado, con una deuda de 4.000 euros en una tarjeta y más de 1.000 en otra por los problemas arrastrados, la mutua no considera que haya cese de actividad. ¿Cómo es posible? En las cuentas personales nos queda dinero para vivir 20 días. Y cuando se acabe, no sabemos qué vamos a hacer”.

Una protección ineficaz

Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre esto y la mayoría de gestores aconsejan no pagar esta cuota ya que es ‘’tirar el dinero a la basura’’ y que ‘’está hecho tan mal que hace pensar en una medida recaudatoria”. La secretaria general de Uatae, María José Landaburu, insiste en que la prestación tras producirse un cese de actividad no funciona. “El número de denegaciones es demoledor, y las historias humanas que hay detrás son dramáticas. Cuando con arreglo a una norma se generan situaciones como estas, la norma es injusta. Y si es injusta, hay que cambiarla”, afirma y propondría una cambio en el sistema de cotización hacia ‘’un sistema por ingresos reales que frenaría esta ausencia absoluta de derechos’’.

Pero la realidad es que la mayoría de los trabajadores pagan dicha cuota mensual para intentar tener algo de dinero garantizado cuando su negocio cerrase. La cuota supone el 2,2% sobre la base imponible al trabajador, lo que se traduce en que tienen que pagar entre 20,5 y 83,7 euros de manera mensual. No obstante para poder optar a esta prestación, los autónomos han debido cotizar como mínimo durante 12 meses antes del cese. No obstante los más críticos afirmas que el umbral de pérdidas que se exige es demasiado alto para alegar que un negocio va mal: 30% de las ventas en un ejercicio y dos años en números rojos en un 20% superior al volumen de ventas.

Por su parte, la Asociación de Mutuas (AMAT) aporta distintos datos y afirman que en el año 2017 se rechazaron un total de 1.787 solicitudes, de las cuales un 84% fueron rechazadas porque al parecer los autónomos no acreditaron de forma correcta el cese de actividad. Sin embargo Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) “Los autónomos tenemos un problema gravísimo para acceder al cese de actividad”, y hasta en algunas ocasiones se tiene que recurrir a los tribunales y en numerosas ocasiones dichos tribunales han fallado a favor de los trabajadores.

“Seguimos sin tener pautas y criterios concretos para el acceso, todas las mutuas no usan el mismo criterio” insiste Abad, aunque admite que “es cierto que tiene que haber un control para que no se acojan autónomos que hayan querido cerrar el negocio por voluntad propia, pero los requisitos deben ser más claros y homogéneos”.

Finalmente lo que se produce con estos resultados tan restrictivos es que los autónomos son los que financian la Seguridad Social, ya que en el pasado curso, 2017, dicho sistema ingresó un total de 133 millones de euros con las prestaciones y apenas gastó 16 millones en las prestaciones tras el cese de actividad. Esto significa que casi el 90%, 88% para ser exactos, de la recaudación por cese se quedó en la propia Seguridad Social para financiar otras partidas, algo que ha sido denunciado por parte del colectivo de los autónomos al Gobierno.

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, ha afirmado que “hay que darle una vuelta” para una posible reforma para el cese de actividad. Valerio está negociando con las asociaciones de autónomos para hacer una reforma de este sistema para que los trabajadores tengan una verdadera protección. “Hay que dar un repaso importante a la prestación por cese de actividad, porque se recauda mucho más por ella de lo que se reparte en prestaciones, ya que los requisitos son muy difíciles de cumplir”, reconoció la ministra Valerio.

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