Las carencias del modelo de financiación de partidos políticos: una asignatura pendiente en España

Los recursos económicos de los partidos políticos se regulan a través del artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos más conocida como Ley de Financiación de Partidos Políticos, que delimita los recursos procedentes de la financiación pública y las aportaciones o pagos de manos privadas.

Las ayudas públicas siguen un régimen de ingreso según la representación de cada partido. Este sistema que puede considerarse justo, como veremos más adelante, ha generado problemas financieros a los partidos cuando la distribución de peso de los partidos políticos ha cambiado y con ello sus ingresos.

El primer grupo de subvenciones públicas son las destinadas a cubrir gastos electorales. Estas se rigen por una norma antigua que apenas ha tenido modificaciones (la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General) y en las normas que rigen las distintas elecciones autonómicas. Como norma estatal, se recibe una subvención de 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado. A esto se suman 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, siempre que haya obtenido un escaño de Diputado y 0,32 euros por cada voto si hubiera obtenido al menos un senador.

Además, recibirá 0,22 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores o de votos precisos para constituir un grupo parlamentario. Todo ello para cubrir los gastos de envío de gastos electorales.

Subvenciones para gastos de funcionamiento

La segunda gran vía de ingresos públicos son las subvenciones (estatales, autonómicas, e incluso locales por parte de algunos ayuntamientos) destinadas a los gastos de funcionamiento de los partidos políticos. Al igual que las anteriores, estas se reparten de forma proporcional según la representación que tiene el partido político. En 2016, según datos del Portal de la Transparencia se repartieron 54,2 millones de euros para cubrir los gastos ordinarios de los partidos, siendo el Partido Popular el que más recibió (17,7 millones de euros), seguido de PSOE (11,5) y Podemos (7,8 millones sin tener en cuenta otros partidos con los que confluye en las elecciones).

El previsible descenso en diputados de Podemos podría causarle graves problemas financieros.

Además de todo ello pueden recibir subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que puedan establecerse en la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

Dinero privado

El dinero privado que reciben los partidos es en la práctica un porcentaje que en pocos casos alcanza una cuarta parte de sus gastos.  Las fuentes de financiación son diversas:

Las cuotas y aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes, que son una parte mínima. Además es una mala práctica común a casi todos los partidos mantener en la lista de afiliados a muchos que ni siquiera pagan su cuota.

Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio. Aquí se incluyen los beneficios procedentes de sus actividades promocionales (por ejemplo ventas de camisetas), y los que puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos. En la práctica es una parte ínfima de los ingresos, a diferencia de Estados Unidos y otros países similares donde el merchandising político está extendido.

Las donaciones en dinero o en especie es el punto más controvertido. En teoría hay límites. En primer lugar pueden donar empresas y particulares que no realicen actividades con las administraciones públicas. Así, por ejemplo, si tienes una empresa y has trabajado con algún ayuntamiento, comunidad o Estado no podrás donar. En segundo lugar el límite económico es hasta 100.000 euros al año.

El objetivo es no crear relaciones de afinidad que acaben en un trato de favor, pero como se ha visto en la práctica lo que ha conllevado es que se multipliquen los pagos irregulares. El debate está servido y son muchos que prefieren, como sucede en Estados Unidos, que no haya límites pero que se sepa quien hace los pagos.

Por último también existe la posibilidad de recibir herencias o legados, algo también poco común y lo que sí es una práctica generalizada, solicitar un préstamo para realizar la financiación. Esto ha demostrado también ser una práctica peligrosa, ya que suelen contratarse cuando caen los recursos económicos y si no cambian generan un elevado número de impagos.

Hacia un equilibrio hasta ahora inexistente

El control de ingresos y gastos debería tener una gestión más empresarial que no existe y que conlleva problemas. El partido político debe nutrirse principalmente sus gastos fijos de los recursos privados pero como son insuficientes acaba recayendo principalmente en los públicos que pueden cambiar radicalmente.

Izquierda Unida ha sufrido graves problemas económicos que incluso acabaron en un ERE de sus empleados.

Con independencia de que el Gobierno y autonomías disminuyan la partida total para estos gastos (como ya ocurrió con los ajustes del año 2012), el cambio brusco se produce si de repente cae la representación política y no existe capacidad de hacer frente a los gastos corrientes, algo que ocurrió a Izquierda Unida hace pocos años.

Además, serían necesario futuros cambios para adaptarse a nuevas tendencias de financiación, como es el caso del crowdfunding, que podría además conllevar que los partidos dependan menos de los recursos públicos.