Selección del jurado será clave en el juicio por asesinato de la viuda de la CAM.

En el auto por el que se decreta la apertura de juicio oral, el magistrado instructor, José Luis de la Fuente, tras la vista preliminar celebrada el pasado 8 de enero y en la que las distintas acusaciones y la defensa fijaron sus posiciones, considera que los hechos descritos pueden ser constitutivos de un asesinato y tenencia ilícita de armas, por lo que es necesaria la apertura de juicio oral para juzgar al acusado en base a tres hechos que sintetiza: la existencia de un "profundo conflicto económico, familiar y societario" por el control del grupo de empresas de los Sala; la ejecución de un plan trazado para matarla cuando estuviera "en el lugar y tiempo elegido como más favorable a sus fines" y la adquisición de un arma sin disponer de licencia.

El citado conflicto económico ya estaría resuelto a día de hoy por la venta de todas las acciones del grupo propiedad de las tres hermanas a Vicente, su hermano mayor y el arma del crimen nunca fue encontrada por los investigadores. El juez agotó el plazo legal de 72 horas de que disponía para decidir enviar la causa a la Audiencia Provincial de Alicante, que deberá abrir juicio oral con jurado popular. Fuentes jurídicas estiman que el juez ha tomado una decisión conservadora, es decir, en caso de duda mandar la causa a la Audiencia para ser juzgada.

Ahora se abre un plazo legal, que culminará, posiblemente en junio, con la celebración de juicio. Un mes antes la Audiencia Provincial de Alicante comenzará la selección del jurado, con la elección de 36 personas, mayores de edad y menores de 65 años.  Serán descartados todos los candidatos condenados por delitos, los acusados en algún proceso penal, personas suspendidas penalmente de empleo, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, militares, diputados, senadores, ministros, secretarios de Estado, directores generales o asimilados y residentes en el extranjero.

De los 36 elegidos finales, la defensa y las acusaciones (Fiscalía y acusación particular) podrán desechar a cuatro candidatos sin motivo alguno, para finalmente quedarse con 9 jurados y 2 suplentes. La dificultad se encuentra en elegir a personas que no estén influidas por un caso tan mediático y que, a ser posible, no tengan prejuicios formados sobre el acusado. No presentarse a la primera selección acarrea una multa de 150 euros y no hacerlo en segunda citación supone una multa de entre 600 y 1.500 euros. Negarse a prestar juramento o prometer, una vez que se ha sido elegido, supone una multa de 300 euros.

El mismo juez que acordó enjuiciar a López ya lo puso en libertad bajo fianza de 150.000 euros en marzo de 2017, tras ser detenido y permanecer 39 días en la cárcel de Alicante. Pese a la petición de la defensa de Miguel López de sobreseer la causa, el magistrado instructor sostiene que no procede acordarlo por apreciar "la subsistencia de elementos indiciarios suficientes en la instrucción contra el acusado, para sostener las acusaciones formuladas", que permitirían continuar la acción penal ejercida tanto por el fiscal como por la acusación particular, que representa Vicente Sala hijo, ya que la ejercida por las hermanas -una de ellas casada con el acusado- fue apartada del procedimiento dado que, al igual que la defensa, pedía el archivo de la causa.

Clima de crispación por el control de la empresa

En el mismo auto judicial el magistrado deja constancia del clima de crispación que existía en la familia por el control de la mercantil Samar Internacional, empresa familiar matriz. El juez se ha referido en concreto al testamento del expresidente de la caja Vicente Sala, donde legaba la acción de oro o lo que es lo mismo, el control de la empresa, a su mujer asesinada "con una sustitución fideocomisaria a favor de su hijo Vicente" y cita que la "crisis de relaciones familiares y sociales" fue ahondándose en los meses siguientes, de lo que hay pruebas en los whatsapp encontrados en el teléfono de la fallecida y remitidos por todos los nietos de la fallecida.

El magistrado agregó que "de los mensajes de whatsapp extraídos del teléfono del acusado se desprende una lógica y firme alienación con la posición e intereses representados por su esposa -Fanny, la hija menor de la víctima-  sin que resulte mínimamente creíble la ausencia de interés a dicha posición que sostuvo en su declaración o que se pretende por la defensa construir sobre el mero dato del régimen económico bajo el que se contrajo el matrimonio (separación de bienes)".

Para el juez, se aprecia "de escasa consistencia" el intento que efectuó la defensa, ejercida por el catedrático de Derecho Penal, Javier Sánchez Vera, de construir una situación de "intento de composición de la relación familiar y societaria" a través de la intervención de terceros y ve "innegable" que las decisiones adoptadas en las Juntas de septiembre de 2016 de dos de las sociedades se produjeron en un clima de "crispado enfrentamiento" y afectaban directamente al acusado.

Por último, el auto hace referencia a la capacitación para el uso de armas del acusado y a las "lagunas" o "incongruencias", según el juez, en las declaraciones sobre los movimientos que realizó después de abandonar el lugar de los hechos.

De esta forma, el instructor pone fin a las especulaciones sobre qué iba a hacer en un asunto en el que no hay ninguna prueba directa contra López, frente a los 23 indicios que defienden la Policía, el fiscal y la acusación particular.