El 'Rey del Cachopo' presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

El pasado 24 de enero, la defensa del empresario César Román —conocido como el 'rey del cachopo', condenado por el Supremo a 15 años de prisión por el asesinato de Heidi Paz— presentó el pertinente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional donde se denuncian las "vulneraciones de derechos fundamentales cometidas durante todo el procedimiento seguido frente a él".

La abogada de César Román, Ana Isabel Peña, asegura que los argumentos expuestos en su recurso, si son legalmente apreciados por el tribunal que vela por los derechos fundamentales —y que componen varios motivos de especial transcendencia constitucional— se declararía la nulidad del proceso. Esto quiere decir, “que si el Tribunal actúa conforme a Derecho, los motivos podrían cambiar la Jurisprudencia y ajustarse a la realidad social”, además de declarar nulo el procedimiento.

El juicio, en 'streaming'

Por mencionar alguno de los argumentos mencionados como motivos de transcendencia constitucional: "El hecho de la reproducción en 'streaming' de todo el juicio celebrado ante el Tribunal del Jurado. Es una de las mayores vulneraciones de derechos fundamentales que se han dado en la historia", continúa Peña, "ya no solo por el escarnio público, sino porque además los testigos fueron viendo uno a uno lo que decía el anterior para poder cuadrar versiones. Y no solo eso, el Tribunal Supremo tiene en su poder una declaración judicial de uno de los testigos (fuera del juicio del Tribunal de Jurado), que indicó claramente que lo vio de principio a fin y que, además, quería puntualizar y aclarar la declaración de don César Román. Esto, como ya se ha indicado en el Recurso, que además viola la doctrina del Tribunal Supremo, puesto que ya no se trata de una mera probabilidad de que los testigos se contaminen, es un hecho constatado que el exsocio de Román vio la declaración de este y que, además, se permitía el lujo de cambiar a su antojo la versión dada por el encausado".

"Este hecho insólito no se ha dado nunca en la historia de la Justicia Española, de una forma tan descarada y que, además, se haya permitido por los Órganos de Enjuiciamiento, por lo que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia del surgimiento de nuevas realidades sociales, tal y como requiere la STC 155/2009, FJ 2, b", añade la abogada.

El informe sobre la comparación del ADN del cuerpo y Gloria Bulnes

Para la defensa de Román, "más lesivo del Derecho a la Defensa Efectiva, es el hecho de que el Tribunal Supremo de por válido el informe elaborado por la Policía Científica, que no tenía la acreditación necesaria, ni la preparación, ni los instrumentos para realizar la comparación de ADN que determina el parentesco entre el torso y Gloria Bulnes. Tal y como depusieron las científicas, ya que no disponían de ello, usaron una fórmula que a preguntas de esta letrada contestaron 'podía dar el 99,9 % o cualquier otro número' (sesión de 24 de mayo de 2021)". Según Ana Isabel Peña, eso en sí ya es una vulneración de derechos fundamentales, pero "a mayor abundamiento, al no cumplir con los requisitos de la ENAC, vulnera el Reglamento Europeo. Y es que el laboratorio de Biología de Policía Científica carece de las autorizaciones legales necesarias y obligatorias con las que se valoran las capacitaciones técnicas precisas para llevar a cabo lo que se denomina comparación de datos genéticos y evaluación estadística de parentescos".

Ana Isabel Peña sostiene que "carece de dicha autorización porque está falto de la acreditación para estas actividades que en España solo puede expedir la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) según dispone el Real Decreto 1715/2010 de 17 de diciembre del Ministerio de Industria, de acuerdo a lo que establece el reglamento nº 765/2008 del Parlamento Europeo, y de acuerdo a lo regulado en la Ley 21/1992 de 16 de julio y del Real Decreto 2200/1995 de 25 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de infraestructura para la calidad y la seguridad industrial".

La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, introdujo una disposición adicional tercera en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la cual se encomendaba al Gobierno de España la regulación mediante Real Decreto de dicha Comisión, por lo que los mandamientos y órdenes emitidos por la Comisión Nacional para el uso forense del ADN son de obligado cumplimiento para todos los laboratorios que aporten perfiles genéticos a la base de datos policial sobre identificadores genéticos obtenidos a partir del ADN.

Como se puede comprobar, y así mismo se ha dado a conocer, tanto al TSJM, TS, y ahora al Tribunal Constitucional, el laboratorio no cumplía con dichos requisitos, por lo que el informe es nulo y además incumple normativa europea. “Muy distinto hubiera sido si el informe de ADN se hubiera realizado por el Instituto Nacional de Toxicología, tal y como solicitó el día 24 de octubre de 2018, la médico forense adscrita al Juzgado de Instrucción 32. Por supuesto, el Tribunal Supremo, le quita valor a este hecho, alegando que el laboratorio que realizó el Informe de ADN, 'se encontraba en la lista' y ya con eso es válido para un órgano como el Tribunal Supremo", añade Peña.

Vulneración de derechos fundamentales

Esta nueva vulneración de derechos fundamentales, plasmada en ambos recursos,  dará ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE[STC 155/2009, FJ 2, b), y además, el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica[STC 155/2009, FJ 2, 8)]. 

Con todo esto, la Acusación Particular solicitó la entrega del torso que se encuentra en el Instituto Anatómico Forense, a lo que esta Defensa no solo se ha opuesto, sino que también ha pedido una medida cautelar al Tribunal Constitucional, a fin de que no desaparezca el único elemento de prueba o indicio. Ya en su día, se solicitó y se denegó muy juiciosamente por la Audiencia Provincial, y es que, el hecho de que se encuentre en ejecución la sentencia, no implica que no sea susceptible de recurso, tal y como se ha planteado. La letrada de la defensa indica que los daños que se provocarían en el caso de que se estimara el recurso de amparo serían irreparables.

Desde luego, apreciando las últimas actuaciones de los tribunales españoles, si esta vez no se estima la vulneración de los derechos del defendido por la letrada Peña ante este último Tribunal, en su opinión se sorprenderá mucho el Tribunal Europeo cuando se comprueben las irregularidades cometidas en este enjuiciamiento.