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Hombre acostado en una cama de hospital con tubos de oxígeno y electrodos en el pecho.
SUCESOS

Preso de Asturias que 'resucitó' pide 50.000 euros por ser dado por muerto.

Cuando ya iban a practicarle la autopsia le encontraron consciente, muy agitado y con graves dificultades para respirar

Gabriel Montoya, condenado a tres años y medio de prisión por tobo de chatarra, fue dado por muerto en la cárcel de Asturias el 7 de enero de 2018. Según su abogado Luis Tuero Fernández, sobre las 8:00 horas los funcionarios del Centro Penitenciario de Asturias encontraron durante un recuento rutinario al interno en la celda 34 del módulo 8 “inmóvil, inconsciente, con muy baja temperatura corporal y sin señales de respiración”.

Al encontrarle en esta situación, los trabajadores avisaron a los médicos de la prisión, quienes le examinaron "superficialmente" y concluyeron "precipitadamente" que había fallecido, según el escrito del letrado.

De esta manera, los facultativos certificaron su muerte y seguidamente comunicaron oficialmente el fallecimiento al Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, que se encontraba en funciones de guardia.

Después, Gabriel Montoya fue introducido en una bolsa de plástico de las utilizadas para el transporte de cadáveres y trasladado en un vehículo funerario al Instituto de Medicina Legal de Asturias (IMLA) para que se le realizase la autopsia.

Edificio amarillo con ventanas y rampas de acceso visto a través de una cerca de alambre.
Centro Penitenciario de Asturias | El Cierre Digital

Fue allí, cuando el recluso iba a ser colocado en la mesa de autopsias, donde comenzó a emitir "ronquidos y gruñidos y a moverse", por lo que los trabajadores del IMLA abrieron la bolsa, y encontraron a Gabriel "consciente, muy agitado y con graves dificultades para respirar". Más tarde fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La analítica que se le practicó reflejaba que el interno había consumido cocaína, heroína y barbitúricos. Su familia confirmó entonces que Gabriel había intentado suicidarse debido a problemas psicológicos derivados de su privación de libertad, ya que no le habían concedido ningún permiso de libertad provisional y no podía ver a sus cinco hijos.

Ahora, Gabriel Montoya ha reclamado a la SGIP (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) una indemnización de 50.000 euros por los daños morales y los perjuicios causados, tanto física como psíquicamente, a él y a su familia.

Tuero Fernández asegura que Gabriel Montoya fue dado por muerto debido a la falta de comprobación "médica y técnica" necesaria para confirmar "la realidad del fallecimiento", ya que "un simple electrocardiograma" o una monitorización de la función cardíaca hubieran permitido descartar la muerte "de inmediato".

El letrado afirma que para aliviar las dolencias de su cliente "por el deficitario trato que se le dispensó" por los servicios médicos del Centro Penitenciario de Asturias, Gabriel tuvo que permanecer ingresado diez días, del 7 al 16 de enero de 2018, sometido a un fuerte tratamiento farmacológico y aplicándole varias sesiones de hemodiálisis para salvar sus riñones.

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