Policías jubilados de Cádiz logran ganar en su guerra para no ser desahuciados

Los  policías nacionales jubilados a los que el Ministerio del Interior pretende desahuciar de sus casas en Cádiz  parece que ya están más cerca de conseguir una solución. Tan solo una día después de que se hiciera público que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometía a paralizar los desahucios de los policías nacionales jubilados, viudas y familias de agentes que viven en el número 1 de la Avenida de Ladreda hasta que no encuentren una solución habitacional, poniendo como fecha junio de 2022, el Alto Tribunal andaluz ha dejado sin efecto el desahucio de la viuda de un antiguo policía nacional de Cádiz.

Este tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la mujer contra la resolución dictada por la Jefatura de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP) en abril de 2019 que ordenaba el lanzamiento de todos los vecinos por ocupar “de manera irregular” y “sin el correspondiente título habilitante” un pabellón de viviendas destinado tradicionalmente a miembros de la Policía Nacional en activo. De ahí que el Estado entendiese que esos agentes, ya jubilados o cesados –e incluso en algunos casos, fallecidos–, no tenían derecho a beneficiarse de esas casas.

El fallo dictado por el TSJA abre la puerta a que otros residentes de Fernández Ladreda acudan al tribunal andaluz para lograr también la paralización de sus respectivos desahucios. Lo explica a elcierredigital.com José María Merino, hijo de Cándida, una de las afectadas.

“Creemos que la sentencia debe ser para todos los vecinos igual”, cuenta José María, que continúa diciendo, “nosotros no pedimos quedarnos ahí para siempre pero sí queremos que se deje descansar a los policías jubilados y sus conyugues ahí”.

Además, el hijo de una de las afectadas denuncia la forma en la que está actuando la policía en esta situación. Denuncia que el desahucio le ha llegado a su nombre y que los agentes han creado mucho miedo en los vecinos. “Han hecho cosas que no deben hacerse nunca”, afirma con rotundidad.

“De momento tenemos un punto a nuestro favor. Estamos preparando las medidas legales que sean necesarias para que se retire el desahucio a todos los vecinos y nuestros mayores puedan quedarse viviendo allí. Con dejarles que mueran en paz allí nos damos por contentos. Nosotros lo que queremos es vivir tranquilos en paz, sin preocuparnos por si mañana vendrá la policía a echarnos”, prosigue José María, que concluye expresando que “se ha ganado una batalla, no una guerra”

En su sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA plantea que el caso se tramite en el orden civil y no en el administrativo (como está ocurriendo) por cuanto considera que no es competencia del Ministerio del Interior desahuciar en base a las normas administrativas. Así, el asunto tendría que gestionarse como un procedimiento civil

El Alto Tribunal andaluz muestra sus dudas sobre el orden jurisdiccional competente, si bien apunta que “como regla general” se aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil “para el desahucio por cese en el cargo o empleo que determinó la atribución de una vivienda”.

Dos años con el asunto paralizado 

La mañana del pasado 6 octubre agentes de la Policía Nacional se personaban en el domicilio de Cándida López, de 76 años, y le notificaban que disponía de un plazo de diez días para abandonar la vivienda en la que reside desde hace más de cuarenta años. Al igual que ella, sus cinco vecinos estaban llamados a empaquetar toda su vida e irse del edificio que, durante décadas, ha sido su hogar. 

Todos ellos, policías jubilados y sus familiares, serán  desahuciados por mandato de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía  (DGP), que ordenó los lanzamientos en mayo de 2019 al considerar probada "la ocupación de la vivienda, sin título legal para ello".  

Propiedad del Estado, y edificado sobre terreno municipal, ninguno de los vecinos del número 1 de la Avenida Fernández Ladreda tiene título de concesión o cesión de sus hogares, que ellos recalcan que no son viviendas, "porque fueron asignados como pabellones por los que se pagaba una cantidad que se detraía de las nóminas. Hasta que se eliminaron las ayudas de vivienda y Madrid dijo que no había que pagar por los pabellones". Tal y como recogió entonces  elcierredigital.com, los vecinos insistieron en seguir pagando las cuotas correspondientes. Sin embargo, desde la Dirección General de la Policía les dijeron que no tenían que hacerlo. 

Hace aproximadamente cuatro meses, tras dos años con el asunto paralizado, varios agentes acudieron al pabellón y  cambiaron la cerradura de las viviendas deshabitadas. Después, cinco policías se personaban en la casa de Cándida y le informaban del inminente desalojo. Su hijo, José María Merino, explica a elcierredigital.com que su madre, muy afectada, le llamó llorando para comunicarle lo ocurrido. "Es inconcebible que esto ocurra. Mi padre se pasó 45 años dando la vida por los demás y así nos lo pagan. No puede ser que vayan a desahuciar a personas mayores. Mi madre tiene 76 años y hace poco le diagnosticaron un cáncer, mi vecino tiene 85 años, algunos de ellos tienen la salud delicada. ¿Dónde van esas personas ahora?" lamenta indignado. 

"Llevamos todo este tiempo luchando para que la orden de desahucio no se ejecute. Hemos acudido a todos los sitios posibles, hemos hablado con el comisario, con el subdelegado del Gobierno... con todas las partes implicadas para buscar soluciones. Nos hemos ofrecido a pagar las rentas, a hacer lo que sea. Pero la única respuesta que hemos recibido es que debemos buscar una casa, que recurramos a Asuntos Sociales, pero a día de hoy todavía no hemos recibido ningún tipo de ayuda", denuncia José María Merino. 

Sin alternativa habitacional, exigen que desde la Dirección General de la Policía se aclare su situación. Para ellos, es todo un despropósito que, tras años de servicio en el cuerpo y sin explicación alguna, la propia Administración a la que han servido los desaloje de sus casas obviando sus circunstancias personales, familiares y económicas.