El Cierre Digital Muere Emilio Valerio, el fiscal bodeguero sancionado que luchó por el medioambiente
El exteniente fiscal de la Audiencia de Madrid ha fallecido víctima de un derrame cerebral y será enterrado en Navarra
Este pasado lunes el exteniente fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid Emilio Valerio Martínez de Munainfalleció de manera repentina en el municipio de Pozuelo de Alarcón. Donde residía junto a su mujer María García García e hijos.
El que fuera pionero en la lucha contra los delitos medioambientales y urbanísticos de la Comunidad de Madrid murió de forma inesperada. El fallecimiento se produjo cuando caminaba hacia su domicilio.
El exteniente fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid falleció víctima de un derrame cerebral, según ha publicado el portal Confilegal.
Este martes la familia del exteniente fiscal ofrecerá una misa funeral que tendrá lugar en Madrid. Sus restos mortales serán trasladados a Navarra, su tierra natal, donde se celebrarán las exequias fúnebres en la más estricta intimidad.
Emilio Valerio, pionero en la lucha contra los delitos medioambientales
La muerte de Emilio Valerio ha recordado la encomiable labor que se labró en materia de Urbanismo y Medioambiente. Valerio obtuvo la licenciatura en Matemáticas y Derecho en la Universidad de Deusto (Bilbao). Aunque tan solo ejerció en el ámbito del derecho.
El exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo creó una sección especializada para afrontar los problemas medioambientales en la Comunidad de Madrid, cuya dirección correspondió a Emilio Valerio.
Un cargo que se creó para corregir la falta de interés existente en muchos consistorios respecto a la materia de urbanismo y medioambiente. El exteniente fiscal navarro llevó a cabo una serie de investigaciones contra las tramas urbanísticas y medioambientales que se acometían en la periferia madrileña.
Durante su carrera como fiscal, Valerio luchó contra los abusos cometidos en la etapa de la burbuja inmobiliaria, previa a la crisis económica. También investigó a varios alcaldes por delitos urbanísticos y medioambientales.
Gracias a sus investigaciones se destaparon los orígenes del caso Gürtel en Majadahonda, Pozuelo o Boadilla. También instruyó como fiscal, en el País Vasco, el caso de Santiago Brouard, el médico vasco asesinado por los Gal en 1984.
Tras abandonar la Fiscalía, Emilio Valerio estuvo al frente de las áreas de delitos laborales, económicos y de vigilancia penitenciaria. Pero, posteriormente, se centró en el mundo de la abogacía. Así lo ha constatado el portal Confilegal.
Desde su salida de la Fiscalía de Madrid, Emilio Valerio abrió un bufete propio en Madrid. Donde defendía y asesoraba a empresarios en conflictos urbanísticos y medioambientales. También continuaba al frente de las empresas familiares de fabricación de vinos, aceites y cervezas.
Una carrera marcada por el escándalo
Tal y como contamos en Elcierredigital.com, Emilio Valerio no solo se consagró como pionero en la lucha contra los delitos medioambientales.
También como una figura notoria en la industria vinícola. Un hecho por el que en 2018 fue retirado de la Fiscalía. El misterio de Justicia le abrió un expediente por una falta muy grave, al "ejercer actividades incompatibles con el cargo, sin solicitar en ningún momento la compatibilidad necesaria”.
El ex fiscal Valerio creó 16 sociedades mercantiles entre 2007 y 2013. Las dedicó a la fabricación y comercialización de vino, aceite y cerveza, mediante la explotación de fincas familiares heredadas.
El Tribunal explicaba que Emilio Valerio tendría que haber pedido la compatibilidad. Los jueces argumentaron que no es incompatible poseer un patrimonio familiar. Pero que en este caso hubo "una actividad empresarial en toda regla”.
Sin embargo, Valerio también reconoció ante la Audiencia Nacional que una de sus dieciséis empresas fue creada para "facilitar el acceso a subvenciones".
Durante 2015 varias de sus empresas generaron un volumen de negocio de 3.300.000 euros.
La marca más famosa que comercializaba Valerio se llama Laderas de Montejurra, unos vinos navarros con denominación de origen.
En julio de 2020 la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estella/Lizarra, Navarra, Isabel Fanconi Villar, dictó apertura de juicio oral contra el que fuera teniente fiscal de Madrid, su esposa, María García García, y nueve empresas de su propiedad.
Por su parte, la Fiscalía solicitaba un total de 37 años de prisión para él así como multas por un valor de 4.499.805,01 euros. También cuatro años de cárcel para su esposa como partícipe a título lucrativo.
El matrimonio formado por Valerio y García debía afrontar por separado la acusación por quince delitos contra la Hacienda Pública, quince delitos de falsedad documental, un delito de frustración de la ejecución, un delito de blanqueo de capitales y otro delito por pertenencia a banda armada.
Las empresas imputadas eran: Laderas de Montejurra, S.L., La Vasconia Compañía de Cervezas, S.L.; Bandera de San Andrés, S.L., Olaldea Compañía de Compercio, S.L., Abbatia Compañía Cervecera del Norte, S.L., Abauntza, S.L., Talleres de Costura. S.L., Izar & Alai, S.L. y Compañía Agraria San Veremundo, S.L por delitos contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil oficial, delitos continuados de blanqueo de capitales, delitos de frustración de la ejecución y delitos de organización criminal.
La instructora determinó que Valerio y García “constituyeron una pluralidad de sociedades con el solo fin de eludir el pago de impuestos (impuesto sobre el valor añadido) y una vez iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, se desprendieron de su patrimonio, aportándolo a otra sociedad, Hacienda Agraria de Di Castillo, S.L., con el solo fin de no asumir las responsabilidades pecuniarias derivadas de ello”.
Una polémica absolución
En 2022 el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, con sede en Pamplona absolvió al exfiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin y a su esposa, María García García, de los 33 delitos por los que había sido acusado por el Ministerio Fiscal y por los que le pedían más de 50 años de prisión.
La Sala alegaba en su sentencia algo que ninguna de las partes había defendido antes. El exfiscal declaró sin la presencia de un abogado cuando reconoció abiertamente los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.
El Tribunal afirmó que no se ha podido probar que los imputados hubieran ideado una trama de falsificación de facturas a través de las que reflejaban entregas inexistentes de bienes y prestaciones de servicios a otras sociedades consiguiendo la devolución indebida del IVA, supuestamente soportado en las mencionadas facturas falsas.
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